La aprobación casi íntegra de la megarreforma en su tercer trámite constitucional no zanjó el debate en torno al proyecto del Gobierno. Apenas terminó la votación de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, parlamentarios de oposición concretaron la ofensiva anunciada durante la tramitación e ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), con el objetivo de impugnar por inconstitucionales algunas de sus disposiciones clave.
Aunque los escritos tienen distintos patrocinantes, todos buscan detener normas que, a juicio de la oposición, chocan con la Carta Fundamental. Dos apuntan al nuevo esquema de invariabilidad tributaria y el tercero cuestiona el régimen de indemnización para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea invalidada por los tribunales.
El primer frente: la invariabilidad tributaria en la megarreforma
El primer requerimiento, suscrito por 21 senadores opositores, pide al Tribunal Constitucional declarar inconstitucionales los artículos 29 y 38 del proyecto, que fijan un régimen de invariabilidad tributaria para ciertas inversiones por 10, 15 y hasta 20 años.
Según el escrito, impedir cambios a reglas impositivas durante esos plazos vulnera el principio democrático y la alternancia, al restringir la facultad de futuros gobiernos y del Congreso para reformar la normativa tributaria.
Para los requirentes, la propuesta no solo ampara eventuales contratos con inversionistas, sino que pretende blindar las normas mismas, volviéndolas inmodificables, algo que juzgan incompatible con una república democrática.
El segundo: indemnizaciones por RCAs anuladas
El segundo requerimiento, también impulsado por senadores, se dirige contra los artículos 12 y 13, que contemplan un sistema especial de indemnización cuando una RCA sea anulada por sentencia firme.
Esa regla permitiría compensar al titular del proyecto con cargo al Fisco por los gastos directos y efectivos en que incurrió, sin exigir prueba de falta de servicio del Estado.
Para sus promotores, esto configura un trato privilegiado que vulnera la igualdad ante la ley, altera el régimen constitucional de responsabilidad estatal y podría menoscabar la protección del derecho a un medio ambiente libre de contaminación.
Añaden que la anulación de una RCA puede derivar tanto de yerros de la administración como de falencias del propio proyecto, por lo que estiman injustificado que el Estado asuma esos costos.
El requerimiento de diputados de oposición
El tercer escrito, patrocinado por diputados opositores, también concentra sus reparos en la invariabilidad tributaria, pero amplía las objeciones al diseño general del proyecto.
Alegan que permitir que una ley se declare invariable sienta un precedente para que futuras normas intenten replicarlo, afectando las atribuciones del Congreso y el equilibrio democrático. En el documento se califica la figura como un “fraude a las potestades constitucionales” y una “grave afectación a la democracia”.
Con los tres requerimientos ingresados, el Tribunal Constitucional deberá verificar primero si cumplen los criterios de admisibilidad. Si los admite a trámite, luego resolverá sobre el fondo y determinará si las disposiciones impugnadas se ajustan a la Constitución, antes de la promulgación definitiva de la megarreforma.
