La oposición desplegó su última jugada para intentar frenar partes clave de la llamada megarreforma del Gobierno. Tras presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), se abre la disputa jurídica por dos de los capítulos más polémicos del proyecto: la invariabilidad tributaria y los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Abogados de oposición defienden ofensiva contra megarreforma en el TC
Los juristas que conducirán esta ofensiva detallaron públicamente las líneas centrales de sus argumentos ante el tribunal. Son la constitucionalista Leslie Sánchez (PL), quien representará a los senadores en el reclamo contra las normas medioambientales, y Jorge Correa Sutil (ex DC), patrocinante de la impugnación a la invariabilidad tributaria, junto al exministro Jaime Gajardo (PC).
¿Qué cuestiona la oposición en el Tribunal Constitucional?
Invariabilidad tributaria: Establece que empresas que ejecuten ciertas inversiones puedan acogerse a un régimen que congela por 10, 15 o hasta 20 años reglas tributarias específicas, bloqueando que leyes futuras alteren esas condiciones en ese lapso.
Compensación por RCA anuladas: Dispone que, si un tribunal invalida una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el titular del proyecto podrá pedir al Estado una indemnización por gastos directos, efectivos y no recuperables, conforme a los parámetros fijados por ley.
Leslie Sánchez: reconoce el costo de llevar el caso al TC
La abogada Leslie Sánchez, exintegrante de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional, alegará el requerimiento de los senadores contra las disposiciones ambientales, entre ellas el régimen indemnizatorio frente a la anulación judicial de una RCA. En conversación con La Tercera, admitió que el camino escogido conlleva riesgos: “Estamos frente a un escenario que no deja de ser complejo. Asumimos que el riesgo de ir al Tribunal Constitucional siempre es alto. Tenemos fe en nuestro argumento”. Ante las críticas históricas al TC como “tercera cámara”, defendió su uso: “Las reglas del juego hoy son estas, para bien o para mal”. Agregó que, aunque preferiría otra configuración institucional, corresponde utilizar los mecanismos vigentes cuando existen, a su juicio, vicios de constitucionalidad. Recalcó que el TC debe verificar que las mayorías legislativas se mantengan dentro de los límites de la Constitución y operen como contrapeso cuando políticas públicas, aun bienintencionadas, la transgreden.
Correa Sutil: “La invariabilidad es contradictoria con la democracia”
El otro flanco será conducido por el constitucionalista Jorge Correa Sutil, representante de los senadores que buscan que el TC declare inconstitucional el esquema de invariabilidad tributaria. En Tele13 Radio afirmó que el mayor problema del mecanismo es que limita a las mayorías futuras para legislar: “Si una ley resulta invariable, eso es contrario a la democracia. Que una mayoría que ya no es obligue a una nueva mayoría y le impida fijar normas por 10, 15 o 20 años es contradictorio con el principio mayoritario y la alternancia”. Añadió que podría generar contribuyentes sujetos a regímenes disímiles dentro de la misma actividad, cuestión que —sostuvo— vulneraría la Constitución. Subrayó que el debate ante el TC debe zanjarse con criterios constitucionales, no por afinidades políticas: “No es una discusión entre sensibilidades de izquierda o derecha, ni entre liberales y conservadores. Es una discusión de adhesión al principio democrático”. En esa misma línea se pronunció el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), integrante del equipo jurídico opositor, quien recalcó en Radio Infinita que el asunto es estrictamente constitucional y que la integridad de las potestades legislativas debe preservarse, conforme lo ha reconocido el propio TC.
La pelota ahora está en el Tribunal Constitucional
Con ambos capítulos —invariabilidad tributaria y reglas ambientales— formalizados en requerimientos por parte de diputados y senadores de oposición, el Tribunal Constitucional deberá primero pronunciarse sobre su admisibilidad. Si los acoge a trámite, se abrirá la fase de alegatos en la que los abogados defenderán la postura opositora ante el máximo intérprete de la Carta Fundamental.
