Este jueves, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) del Poder Judicial presentó un amparo gremial en respuesta a la resolución del Pleno de la Corte Suprema que ordenó la apertura masiva de cuadernos de remoción contra ministros/as y jueces.
La medida se adoptó tras solicitudes de respaldo de magistrados afectados, quienes advirtieron que esta decisión compromete la inamovilidad e independencia judicial, además de las garantías del debido proceso disciplinario.
Mediante un comunicado, la ANMM precisó que no pretende pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a las investigaciones disciplinarias. Su objeción se centra en la determinación de la Corte Suprema de abrir nuevos cuadernos de remoción en casos que, a su juicio, ya fueron investigados y concluidos mediante resoluciones firmes.
“El asunto sometido a esta Asociación se limita a evaluar si la decisión de la Excma. Corte Suprema de ordenar la apertura de ‘cuadernos de remoción’, invocando el artículo 80 de la Constitución Política, se ajusta a las garantías propias del Estado de Derecho, en particular a la inamovilidad y la independencia judicial”, señala el escrito remitido al Pleno.
La organización advirtió que esta práctica podría configurar un doble juzgamiento, vulnerando el principio de non bis in idem —que prohíbe ser juzgado dos veces por los mismos hechos— y afectando las garantías del debido proceso.
El amparo agrega que la causal de “falta de buen comportamiento” carece de una definición precisa, lo que habilita un amplio margen de discrecionalidad en la cúpula judicial, situación que consideran incompatible con las salvaguardas de independencia de juezas y jueces.
Asimismo, la ANMM cuestionó la arquitectura interna del Poder Judicial, sosteniendo que la Corte Suprema actúa a la vez como “parte y juez”, lo que, en su opinión, compromete las garantías procesales de los magistrados involucrados.
Finalmente, la asociación subrayó que la independencia y la inamovilidad judicial son garantías que protegen a la ciudadanía.
En esa línea, anunció que esta resolución formará parte de presentaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Naciones Unidas, con el objetivo de promover reformas al sistema de gobierno judicial en Chile.
