Tras el rescate de tres personas que quedaron aisladas en el Cajón del Maipo, la Delegación Presidencial Metropolitana ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe la aplicación de medidas más severas contra quienes se expongan de forma irresponsable.
Pese a la prohibición vigente por el mal tiempo, el grupo accedió a las termas de Valle de Colina y permaneció incomunicado durante una semana. Entre los involucrados figuran Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana, conocido como el “Chino”.
El operativo, en el que participaron la PDI, Carabineros, Socorro Andino y habitantes del sector, logró sacar con vida a las dos mujeres y al hombre, quienes se resguardaron en un refugio. De acuerdo con las autoridades, el despliegue terrestre y aéreo tuvo un costo que superó los 100 millones de pesos.
A raíz de lo ocurrido, el delegado metropolitano Germán Codina envió un oficio al CDE para que determine posibles responsabilidades.
En un punto de prensa, Codina señaló que, por este operativo y la conducta imprudente de los protagonistas, “se perdió la final del Mundial”, comentario que generó críticas en redes sociales. Más tarde, precisó que su frase respondía a la indignación por la exposición al riesgo de su propia vida y la de los equipos de emergencia.
“Estamos hablando de un comentario que, si tú lo ves en el contexto, lo que señala es la indignación de que haya personas irresponsables que ponen en riesgo su propia vida”, afirmó.
Proyecto de ley al respecto
A propósito de episodios similares previos, actualmente se tramita en segundo trámite constitucional un proyecto de ley que busca sancionar a quienes realicen actividades imprudentes que deriven en operativos de rescate.
El diputado republicano Juan Irarrázabal subrayó la relevancia de que el costo no recaiga en todos los chilenos, sino en los responsables.
“Esperamos que el proyecto avance y haga responsables a quienes cometen estas imprudencias. Si no van a pagar el costo total del rescate, que al menos paguen lo suficientemente caro para que nunca más se las den de aventureros”, expuso.
La propuesta establece que los equipos de emergencia deberán presentar una denuncia ante el Juzgado de Policía Local, instancia que podría aplicar a los involucrados una multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales.
