Los diputados UDI Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu se pronunciaron sobre el caso de Bernarda Vera, quien por años figuró como detenida desaparecida y fue encontrada con vida en Argentina. A raíz de ello, exigieron la recuperación de los recursos que —aseguran— fueron pagados de manera fraudulenta a sus familiares, calificándola incluso como una “falsa detenida desaparecida”.
A más de cinco décadas desde su inclusión en el listado oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura, una pericia de ADN confirmó que la mujer ubicada en Argentina corresponde a Bernarda Rosalba Vera Contardo.
Ante este panorama, la jefa y el subjefe de la bancada UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, junto al diputado y exmiembro de la Comisión de Derechos Humanos, Daniel Lilayu, instaron al Gobierno y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a perseguir eventuales responsabilidades y a gestionar la devolución de los fondos involucrados en el caso de la “falsa detenida desaparecida”.
Antecedentes del caso
Mediante un comunicado, los legisladores recordaron que un reportaje de Chilevisión, emitido en septiembre de 2025, ubicó en Argentina a una mujer que presuntamente era Vera.
Señalaron además que esa información habría sido posteriormente verificada por la administración anterior, la cual reconoció que en junio de 2024 ya contaba con antecedentes contradictorios, luego de que Suecia notificara a Chile que había otorgado nacionalidad, en calidad de refugiada, a una persona con el mismo nombre.
Finalmente, este lunes se corroboró que el análisis genético del Servicio Médico Legal (SML) determinó una probabilidad superior al 99,999% de que la mujer hallada en Argentina es efectivamente Vera.
Oficio al IPS por pensión
En ese marco, los diputados recordaron un oficio enviado en la misma fecha al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que confirmó que, por estar consignada en el Informe Rettig, se otorgó una pensión a la madre de la mujer hasta su fallecimiento y a su hija hasta los 25 años.
El IPS también precisó que, de modificarse la condición de víctima de Vera, “se realizarán todas las gestiones pertinentes para recuperar los pagos indebidamente percibidos”.
Exigencias de la UDI al Ejecutivo y al CDE
Con estos elementos, los parlamentarios solicitaron al Gobierno y al CDE iniciar las acciones necesarias para recuperar los recursos entregados a los familiares de Vera.
En esa línea, recalcaron que “si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad”.
Asimismo, subrayaron que lo confirmado por el Poder Judicial constituye un hecho grave que amerita que el Gobierno ejerza todas las acciones pertinentes.
“Durante años e incluso décadas, el Estado reconoció como víctima a una persona que estaba viva y otorgó millonarios recursos a sus familiares. Por lo tanto, no basta con que el caso llegue hasta aquí”, plantearon los diputados.
Por último, recalcaron que esos dineros pertenecen a todos los chilenos y que “nadie puede pretender enriquecerse a costa de un engaño que se prolongó durante años”.
