Este miércoles, en un procedimiento abreviado ligado al caso Factop, la justicia impuso a Álvaro Jalaff una pena de 5 años de libertad vigilada intensiva y una multa total de $700 millones. Antes de la sentencia, el empresario admitió haber desembolsado cerca de $410 millones para que un proyecto inmobiliario-industrial obtuviera la aprobación de autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gestión que, según señaló, se realizó a través del abogado Luis Hermosilla.
Jalaff fue relacionado con la arista Factop del denominado caso Audio, ya que él y su hermano Antonio son mencionados 24 veces en la grabación hecha por la abogada Leonarda Villalobos, donde se abordaron facturas ideológicamente falsas y presuntos pagos a funcionarios públicos para conseguir beneficios.
Según la investigación, entre 2019 y 2021 Jalaff habría autorizado traspasos por más de $1.054 millones desde Parque Capital hacia Factop, fondos que terminaron en su patrimonio personal. Esto derivó en una querella presentada por Grupo Patio en 2025 por administración desleal, además de una acción del SII por delito tributario debido al uso de facturas falsas, con un perjuicio fiscal que superaría los $160 millones.
Durante este año, el condenado suscribió un acuerdo con la Fiscalía y, tal como se detalló, confesó haber pagado el equivalente a 10 mil UF a Luis Hermosilla —incluidos 6 mil UF en efectivo— para destrabar el proyecto Parque Capital.
Álvaro Jalaff recibe condena en caso Factop
Tras la audiencia, su defensor, el abogado Hugo Rivera, señaló que quedaron conformes con el resultado. “Fue una decisión muy difícil para el cliente, porque contábamos con múltiples argumentos para ir a juicio oral. Pero la vida a veces apremia y se deben tomar decisiones, sobre todo cuando se busca la paz y la tranquilidad de la familia”, afirmó.
“En ese contexto, optamos por el procedimiento abreviado y se cumplieron plenamente los objetivos: una sanción bajo supervisión y multas que, con el esfuerzo correspondiente, el señor Álvaro Jalaff podrá cumplir íntegramente”, agregó.
Respecto del monto a pagar, Rivera precisó: “El tribunal acogió ambas pretensiones: $220 millones por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y $500 millones solicitados por el Servicio de Impuestos Internos (SII)”.
