Un juez peruano ordenó este viernes la liberación del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el proceso que lo llevó a recibir una condena de 15 años por presunto lavado de activos ligado a la financiación irregular de sus campañas presidenciales.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional acogió el pedido de la defensa del exmandatario y dispuso que la excarcelación se concrete de forma inmediata.
Humala estaba preso desde abril de 2025, tras ser sentenciado por lavado de dinero en un caso que el TC declaró inválido al concluir que la acusación carecía de base jurídica y que el ocultamiento de aportes de campaña no era delito tipificado en la época de los hechos.
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por Humala, al constatar vulneraciones a los principios de legalidad y tipicidad vinculados al derecho a la libertad personal.
En consecuencia, anuló todo el proceso penal seguido contra el exjefe de Estado, que también alcanzaba a su esposa, Nadine Heredia, quien buscó asilo en Brasil.
#LOÚLTIMO Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispone el cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia N.°169/2026 y ordena la inmediata excarcelación del expresidente Ollanta Humala Tasso, al declararse la nulidad del proceso penal. pic.twitter.com/xL1bSzi8my
— Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) July 31, 2026
Al igual que en el caso que archivó la pesquisa por supuesto lavado contra la actual mandataria Keiko Fujimori, el TC reiteró que los aportes irregulares en campañas no encajan en el delito de lavado de activos, por lo que dejó sin efecto la investigación contra Humala y la dirigencia del entonces Partido Nacionalista Peruano.
Según la Fiscalía, los fondos cuestionados habrían provenido de empresas como la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, de acuerdo con testimonios recogidos en el proceso.
El fallo sostiene que, para las campañas de 2006 y 2011, los actos de recepción de dinero no estaban contemplados como modalidad típica del lavado de activos.
Por ello, la acusación contra Humala contraviene el principio de legalidad penal, según precisó el Tribunal.
El TC dispuso que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, o la instancia penal competente, determine la situación jurídica del exmandatario cuando sea notificado con la sentencia.
