Los padres de Cristóbal Miranda, el joven que falleció tras una violenta golpiza durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, presentaron una nueva querella dirigida ahora contra los organizadores del evento.
Solicitan a la Fiscalía imputar por cuasidelito de homicidio a Marco Bofi y a su hijo, argumentando que no cumplieron con las medidas de seguridad comprometidas para la actividad.
En un escrito de 14 páginas ingresado al Juzgado de Garantía de Concepción, el abogado Remberto Valdés amplió la acción penal que hasta ahora solo se dirigía contra los siete jóvenes imputados por el homicidio de Miranda.
El jurista indicó que buscan que el Ministerio Público extienda la responsabilidad por la agresión mortal a los productores de la fiesta realizada en Espacio Marina, señalando que existen antecedentes en la carpeta investigativa que respaldan esa línea.
Según Valdés, está acreditado que Marco Bofi y su hijo organizaron un evento masivo sin cumplir obligaciones básicas de resguardo: sin ambulancia, personal de enfermería ni guardias, sin sistemas de seguridad apoyados por tecnología, sin cámaras ni controles, lo que a su juicio configura un homicidio culposo atribuible a ambos como promotores y difusores de la fiesta antes de contar con autorización.
La madre de Cristóbal, Caroline Olivares, sostuvo que la falta de medidas por parte de los organizadores fue determinante y que, de haberse aplicado los protocolos de seguridad, su hijo podría haber sobrevivido. Recalcó la necesidad de que Bofi sea incorporado en la querella y eventualmente condenado, afirmando que el caso puede sentar un precedente por la responsabilidad directa atribuida.
El abogado Valdés añadió que solicitaron al recién asumido fiscal regional del Bío Bío, Roberto Garrido, conformar un equipo de apoyo para la fiscal titular, Oriana Oviedo, dada la complejidad de la investigación, enfatizando que se requiere mayor dotación especializada.
Por su parte, Alejandro Elgueta, defensor de Marco Bofi, anunció que durante la tarde emitirá una declaración frente a las imputaciones contra sus representados.
La investigación se mantiene vigente hasta el 27 de agosto, aunque el querellante no descartó pedir una extensión del plazo debido a diligencias aún pendientes.
