El Juzgado de Garantía de Concepción rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponer arresto domiciliario total a Alberto Larraín, imputado en el caso ProCultura, y resolvió mantener únicamente la medida cautelar de arraigo nacional.
En la misma audiencia, el tribunal acogió la petición de las defensas para declarar su incompetencia y ordenó remitir el expediente al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
A la salida de la formalización, el abogado de Larraín, Cristián Arias, señaló que la resolución desestimó por completo lo requerido por la Fiscalía. Según dijo, el tribunal volvió a negar el arresto domiciliario total y optó por conservar el arraigo, tal como ya regía en la causa.
Arias añadió que el juez expresó reparos respecto de la formulación de cargos contra su representado, calificando la imputación como “altamente discutible”.
Consultado sobre la posible existencia de delito, el defensor afirmó que “no hay delito” y sostuvo que lo ocurrido obedece a una “ejecución imperfecta del convenio”, atribuible a distintos factores.
En esa línea, indicó que los convenios con la fundación fueron terminados de forma anticipada. A su juicio, las autoridades de la época, ante la controversia por los convenios, incluyeron a ProCultura en la misma categoría que otros casos, pese a que —dijo— se trataba de acuerdos legítimos y lícitos.
También aseguró que hubo rendiciones de cuentas “hasta cierto punto”, las cuales fueron aceptadas por el Gobierno Regional.
Con esta decisión, la causa seguirá su tramitación en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
