El Gobierno de Estados Unidos ya ha tramitado la devolución de cerca de US$100.000 millones vinculados a los aranceles anunciados por Donald Trump en abril de 2025 durante el denominado “Día de la Liberación”. Estas tarifas, impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo en febrero pasado.
Ante el Tribunal Internacional de Comercio de Estados Unidos, Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Programas Comerciales de la Oficina de Comercio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), detalló que, hasta el 31 de julio, se habían aceptado solicitudes de reembolso por aproximadamente US$128.680 millones.
De ese total, ya se han pagado alrededor de US$100.000 millones, cifra que incluye tanto la devolución de los aranceles cobrados como los intereses correspondientes.
Se calcula que el Gobierno recaudó indebidamente unos US$166.000 millones mediante los recargos arancelarios anunciados por Trump en el “Día de la Liberación”.
El 20 de febrero de 2026, el Supremo dictaminó que el entonces presidente excedió sus facultades al invocar la IEEPA para imponer dichos gravámenes, por lo que los catalogó de ilegales.
Tras el fallo, la CBP puso en marcha el 20 de abril la primera etapa de una plataforma electrónica para gestionar las solicitudes de reembolso de los aranceles invalidados.
Pese al revés judicial a una de sus políticas emblemáticas, la Administración Trump ha intentado articular nuevas fórmulas para mantener el comercio como herramienta de presión en su política exterior.
A fines de julio, Washington comunicó la aplicación de aranceles a 60 países, presentándolos como una sanción a aquellas economías que no han prohibido bienes producidos con trabajo forzoso. Esta medida sustituyó al gravamen general del 10% que regía de forma temporal por 150 días tras la decisión del Supremo.
En este esquema, los productos provenientes de países con legislaciones sólidas contra el trabajo forzoso pagarán una tasa del 10%, mientras que los de naciones con prohibiciones consideradas insuficientes —categoría en la que Estados Unidos ubicó a Chile— enfrentarán una tarifa superior, del 12,5%.
