El allanamiento que la PDI realizó en abril en las oficinas del Centro Deportivo Azul abrió un nuevo frente para Michael Clark, ex presidente de la concesionaria de Universidad de Chile.
Un informe reservado de la Bridec, al que accedió Reportajes Teletrece, incorpora antecedentes que contradicen la versión que Clark sostuvo por años sobre su relación con Patrick Kiblisky y Marcelo Pesce —este último socio de Victoriano Cerda y uno de los controladores de Huachipato— durante la operación de compra de Azul Azul.
Clark, ya investigado en el caso Sartor por presuntos delitos como administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y lavado de activos, enfrenta ahora nuevas dudas por la falta de transparencia en la adquisición de la sociedad anónima que controla a la U.
Entre los documentos incautados está un contrato suscrito en enero de 2024 entre Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada. En él se establece que “el Fondo designa a Moonvalley como su exclusivo asesor financiero para acompañarlo y asesorarlo en la venta (en adelante, la ‘Transacción’) de hasta el 100% de las cuotas del Fondo Tactical Sport (en adelante, la ‘Compañía’), el cual, a su vez, es dueño del 63,07% de las acciones de Azul Azul S.A”.
A partir de ese acuerdo, los investigadores llegaron a David Jana, representante de Moonvalley, quien declaró que el primer contacto con Clark fue gestionado por Patrick Kiblisky. “A fines del año 2023, un conocido mío de nombre Patrick Kiblisky me presentó a Michael Clark, con la finalidad de explorar una eventual asesoría financiera a este último. Esta reunión se llevó a cabo en la casa de Patrick en la comuna de Las Condes, donde conocí a Michael Clark. Estábamos solo los tres. En esa reunión no se ahondó en detalles, simplemente fue introductoria”.
Jana añadió que “básicamente me comentó que Michael tenía un proyecto sensible, que necesitaba confidencialidad y quedamos en volver a reunirnos, esta vez solo con Michael Clark en mi oficina para ver detalles, ya que en esa reunión no se comentaron aspectos específicos”.
El mayor hallazgo surgió al seguir el rastro del pago por esa asesoría. De acuerdo con el informe policial, los honorarios —cerca de $14 millones en tres transferencias— no salieron de Tactical Sport ni de Sartor, sino de Bigsilver S.A., sociedad vinculada a Patrick Kiblisky. “Se efectuó consulta vía correo electrónico a esa Fiscalía, con fecha 23 de julio del 2026, obteniendo que dicha sociedad fue constituida por Patricio Kiblisky Fired en el año 1995”.
El reporte también contrasta ese dato con lo que Clark señaló ante la Fiscalía. “Por otra parte, se hace presente a ese Ministerio Público que, de acuerdo a la declaración prestada por el imputado Michael Clark Varela el día 21 de julio del 2026 (…), al momento de ser consultado respecto al pago de los honorarios del contrato que suscribió a nombre del Fondo de Inversión Tactical Sport con Moonvalley Capital, indicó que si bien no lo sabía, pero imaginaba que habría sido Sartor AFIP o el FIP Tactical Sport. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes aportados por David Jana, el pago por los honorarios de ese contrato fue transferido desde la sociedad Bigsilver S.A., la cual estaría vinculada con Patricio Kiblisky”.
El allanamiento también reveló un segundo contrato, firmado en junio de 2022 entre Tactical Sport y Marcelo Pesce. El acuerdo consideraba asesorías de gestión deportiva para el club, estrictas cláusulas de confidencialidad y un pago mensual de $2,5 millones, además de bonos por resultados internacionales, un nexo que Clark había negado públicamente respecto de Azul Azul.
Para la parte querellante, estos elementos profundizan las dudas sobre el uso de recursos de los fondos de Sartor. “Es materia de la investigación que lleva el Ministerio Público determinar la razonabilidad económica de algunos pagos realizados por los fondos Sartor. Lo que se ha podido detectar son pagos millonarios, mensuales, bajo la forma de asesorías a diversas personas involucradas de una u otra forma a los hechos”, señaló el abogado de Toesca, Sergio Rodríguez Oro.
