La alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia Hevia (PS), volvió a abordar la grabación filtrada de una conversación con funcionarios municipales, generando controversia al equiparar esa situación con “vivir un abuso sexual infantil”.
Durante la sesión del Concejo Municipal del jueves, explicó que lo hablado en el audio ocurrió en enero, en pleno despliegue de una campaña solidaria para apoyar a familias de Penco afectadas por incendios. Dijo que revisó sus mensajes de WhatsApp para recordar el contexto y que su foco en ese momento estaba en esa ayuda.
En el registro filtrado, Navia sostuvo que su función “no es perseguir la delincuencia”, tras ser informada por Jorge Torres, encargado de Asuntos Hídricos, del hallazgo —desde un dron— de un sitio con tres plantas de marihuana. La jefa comunal fue criticada tanto por esa afirmación como por el tono utilizado al referirse al funcionario y a los hechos comentados.
Relató que estaban concentrados en restituir agua potable a familias del sector 28 de Marzo y que se enteró de que una funcionaria habría puesto reparos a esa provisión en plena emergencia por incendios. Según dijo, esa desconfianza llegó a oídos de vecinas que le manifestaron molestia por la labor municipal.
Defendió su lenguaje coloquial y su relación de confianza con Torres, subrayando su identidad “rural” y que entiende la jerga local. Afirmó además que, en otro episodio, enfrentó personalmente situaciones que ponían en riesgo a niños en un condominio de la comuna, sin difundirlo en redes.
Lamentó que mujeres se prestaran —a su juicio— para amplificar el episodio, pese a su trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres y en abordar el consumo problemático de drogas, el crimen organizado y la corrupción. Añadió que, cuando trabajó en el Sename, presenció hechos graves protagonizados por “personas de cuello y corbata”.
Sostuvo que no era ajena a que la estuvieran grabando, porque ya tenían antecedentes de que esa funcionaria registraba reuniones, y que hay otro audio circulando. Por ello, dijo, no le sorprendió la difusión y llamó a su colaborador para preguntar si él había realizado la grabación, asegurando que le respondió que actuó por orden de Jessica.
Bajo ese marco, comparó lo que vive con el trauma de un abuso sexual infantil, afirmando que muchas mujeres han pasado por ello, y aseguró que la situación le ha generado un impacto emocional profundo por los mensajes de odio recibidos. Añadió que ha puesto recursos personales para evitar la interrupción de ayudas dirigidas a niños de la comuna y justificó su molestia por la falta de agua en sectores vulnerables durante los incendios.
Remarcó que en enero “se estaba quemando Chile”, y planteó que su prioridad era resguardar a las personas frente a posibles incendios, antes que enfocarse en “tres matas de marihuana”. Sostuvo, además, que la obligación de denunciar el hallazgo recaía en quienes lo constataron en terreno y momento oportuno.
Acusó que la funcionaria involucrada optó por no denunciar y que incluso advirtió a Torres que “se protegiera” y evitara ir al sector 28 de Marzo por considerarlo peligroso. Dijo no arrepentirse de haberse molestado y señaló que pidió disculpas a Jorge por la confianza entre ambos, añadiendo que su círculo familiar también ha sido afectado.
Afirmó que, como trabajadora social, realizó una indagación barrial nocturna y que no vio las plantas, por lo que, a su juicio, la denuncia debió efectuarla quien las detectó de día, sin necesidad de autorización de la alcaldesa. Reiteró que cuenta con respaldo jurídico para iniciar acciones contra quienes la grabaron y difundieron la conversación, a la que calificó como privada.
Cuestionó que la polémica revictimiza a una población de alta vulnerabilidad y defendió que, como cualquier persona, puede incurrir en exabruptos, pero que busca mejorar su lenguaje. Señaló que algunos prefieren el “circo” político y que está evaluando si fue correcto abrirse a escuchar a todos en su gestión. Incluso puso en duda si volverá a postular al cargo debido a lo vivido.
En otro tramo, comentó que creó la Corporación Centro Ayün para trabajar con personas en situación de pobreza. Negó tajantemente que en la parcela heredada de su padre existan plantaciones de marihuana y dijo haber instado a que, si había dudas, se acudiera a la PDI con drones a revisar. Recalcó que su familia “no tiene nada que esconder”.
Al referirse a su domicilio y a su trayectoria, descartó renunciar al Partido Socialista, asegurando que su identidad y origen están ligados a la Reforma Agraria y que mantendrá su militancia. Añadió que lamenta que no se haya hecho la denuncia cuando correspondía y pidió disculpas a la comunidad por el lenguaje utilizado, comprometiéndose a mejorarlo.
Más adelante reconoció que podría emprender acciones judiciales contra los funcionarios que la grabaron y difundieron el audio, insistiendo en que tiene abogados dispuestos a representarla y que su conciencia está tranquila.
La Contraloría Regional de Valparaíso informó que tomó conocimiento del caso, ya que el no denunciar un hecho con posibles características de delito podría constituir una irregularidad administrativa de acuerdo con el Estatuto Administrativo (Ley Nº 18.883). Por ello ofició al municipio de La Cruz, otorgando cinco días hábiles desde el 4 de agosto para informar sobre la veracidad de lo ocurrido, las medidas adoptadas y, en particular, si hubo denuncia formal y en qué fecha.
