Janna Sakalha, director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, respondió a las declaraciones del embajador israelí en el país, Peleg Lewi, quien sostuvo que la mayoría de las personas fallecidas en Gaza serían combatientes de Hamás. En diálogo con BioBioChile, Sakalha calificó esos dichos como un intento de deshumanizar a las víctimas y de responsabilizarlas de su propia muerte, señalando que carecen de sustento y forman parte de una narrativa que borra la identidad de los palestinos asesinados.
Consultado por la situación en el enclave, subrayó que Palestina no requiere una nueva tutela internacional, sino libertad para ejercer su autodeterminación y el término de la ocupación que asfixia a la población. Rechazó cualquier esquema que reproduzca lógicas coloniales del siglo pasado y advirtió que una administración externa solo puede ser temporal, con participación real palestina y orientada a devolver el gobierno a instituciones legítimas del propio pueblo.
Sobre la afirmación de Benjamin Netanyahu de no retirar al Ejército de Gaza hasta el desarme total de Hamás, sostuvo que los hechos no muestran una búsqueda de paz basada en el Derecho Internacional. Recordó que, incluso tras el alto al fuego, Israel mantuvo control militar sobre buena parte de la Franja —cerca del 60%— con operaciones que siguieron causando muertes de civiles. Acusó a Israel de bloquear investigaciones, hostigar a la UNRWA, destruir infraestructura civil y expandir asentamientos en Cisjordania, además de ignorar resoluciones y medidas de cortes internacionales y confrontar a Naciones Unidas. Dijo que la falta de credibilidad en los actos de ese gobierno dificulta cualquier paz duradera.
Al ser preguntado si Hamás debería quedar fuera de una administración transitoria, enfatizó que la Comunidad Palestina de Chile no representa a organizaciones políticas o religiosas y que no le corresponde definir quién gobierna a los palestinos. Afirmó que esa decisión compete exclusivamente al pueblo palestino mediante mecanismos democráticos y con arreglo al derecho de libre determinación. Consideró inaceptable que la potencia ocupante decida los liderazgos palestinos, pues ello vulnera el principio mismo de autodeterminación.
Frente a las dudas del embajador Lewi sobre las cifras de víctimas y su afirmación de que la mayoría serían milicianos, Sakalha recalcó que el propio diplomático admitió no tener datos. Indicó que los registros del Ministerio de Salud de Gaza son utilizados por la OMS, OCHA y otros organismos de la ONU como la información más completa disponible, con listados nominales, certificados y números de identidad. La OMS reportó al 31 de marzo de 2026 un total de 72.289 muertos y más de 172.000 heridos desde octubre de 2023. A su juicio, la destrucción del sistema sanitario sugiere subregistro más que exageración. Exigió que, si se desacreditan esas cifras, se presente una metodología alternativa y un conteo verificable. Recordó casos emblemáticos como el de Hind Rajab, los trabajadores de World Central Kitchen y numerosas víctimas civiles identificadas, reiterando que la carga de la prueba recae en quien asegura que la mayoría eran combatientes.
En relación con la etiqueta de “organización terrorista” aplicada a Hamás por varios países y organismos, sostuvo que invocar constantemente a ese grupo no puede servir para desviar la atención de las decenas de miles de palestinos muertos ni para eximir a Israel de sus obligaciones internacionales. Reiteró que su postura se basa en el Derecho Internacional y el derecho internacional humanitario.
Respecto a los Acuerdos de Abraham, opinó que intentaron integrar a Israel en la región sin abordar el núcleo del conflicto: la ocupación, la expansión de asentamientos y la autodeterminación palestina. Consideró que esa vía produjo entendimientos diplomáticos y comerciales, pero no una paz justa y sostenible. Valoró que Arabia Saudita condicione la normalización plena a un camino creíble hacia un Estado palestino y advirtió que no hay estabilidad regional duradera si se ignora a Palestina.
De cara a las elecciones legislativas en Israel, recordó que Netanyahu es el gobernante más longevo del país, con casi dos décadas en el poder, durante las cuales se profundizó la colonización de Cisjordania y se consolidó una política contraria a la autodeterminación palestina. Mencionó además los procesos judiciales por corrupción que enfrenta el primer ministro. Dijo que los comicios medirán si la sociedad israelí mantendrá un liderazgo asociado a corrupción, concentración de poder, debilitamiento institucional y una ocupación que aísla a Israel. Aun así, advirtió que un cambio de gobierno no resolverá por sí solo el problema palestino sin un viraje real de políticas: respeto al Derecho Internacional, fin de la ocupación y reconocimiento efectivo de la autodeterminación.
Finalmente, rechazó que el embajador de Israel haya calificado a la Comunidad Palestina de Chile como una organización radical que promueve odio. Defendió el rol histórico y democrático de la institución en el país, calificó de grave que un diplomático extranjero estigmatice a organizaciones chilenas y alertó sobre el clima de intimidación que eso genera en una comunidad con lazos familiares directos en Palestina. Llamó a la Cancillería y al Gobierno de Chile a proteger a sus ciudadanos de actos de hostigamiento o estigmatización por parte de representantes de otros Estados, subrayando que ningún embajador puede definir quiénes participan del debate público en Chile.
