Janna Sakalha, director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, respondió a las afirmaciones del embajador de Israel en el país, Peleg Lewi, quien sostuvo que la mayoría de los fallecidos en Gaza serían combatientes de Hamás. En diálogo con BioBioChile, Sakalha señaló que esas declaraciones buscan deshumanizar a las víctimas y responsabilizarlas de su propia muerte, careciendo de sustento y formando parte de un intento sistemático por negar la identidad y humanidad de los palestinos.
Consultado sobre la permanencia del Ejército israelí en Gaza hasta el desarme total de Hamás, indicó que los hechos no muestran voluntad real de avanzar hacia una paz conforme al Derecho Internacional. Aun tras el alto al fuego, dijo, Israel mantuvo bajo control militar gran parte del enclave —cerca del 60%—, con operaciones activas y muertes de civiles. Sumó el bloqueo a indagatorias internacionales, los intentos de restringir a la UNRWA, la destrucción a gran escala de infraestructura civil y religiosa, la continuidad de los asentamientos y la violencia de colonos en Cisjordania, además del desoír órdenes y medidas de la CPI y la CIJ, y tensionar con la ONU. Por ello, más que lo que se declara, subrayó la falta de confianza que generan los actos del gobierno israelí, lo que dificulta cualquier paz duradera.
Sobre la propuesta de una administración internacional para Gaza, sostuvo que Palestina no requiere una nueva tutela, sino ejercer su autodeterminación y poner fin a la ocupación. Recordó los precedentes históricos de mandatos y colonización en la región, que prolongaron dominaciones y dejaron conflictos abiertos, mencionando Argelia y la Nakba de 1948 como ejemplos del costo humano y político de decisiones impuestas. Advirtió que reemplazar la ocupación por una administración externa no equivale a liberación. La comunidad internacional puede apoyar con reconstrucción, garantías y protección, pero cualquier mecanismo debe ser temporal, con participación palestina real y orientado a devolver el gobierno a instituciones legítimas del propio pueblo. La cuestión central, dijo, es cuándo se permitirá que los palestinos se gobiernen a sí mismos.
Respecto a si Hamás debería quedar fuera de una eventual administración transitoria, remarcó que la Comunidad Palestina de Chile no representa a organizaciones políticas o religiosas y actúa con base en el Derecho Internacional y el DIH. Afirmó que solo el pueblo palestino, por vías democráticas y representativas, debe decidir quién lo gobierna. Rechazó que la potencia ocupante pretenda definir a los interlocutores palestinos, pues eso vulnera la autodeterminación. Cualquier autoridad debe respetar el Derecho Internacional y los derechos humanos, pero esa evaluación corresponde a los palestinos y a mecanismos jurídicos internacionales, no al ocupante.
Frente a los dichos del embajador Lewi sobre que la mayoría de las víctimas serían milicianos, reiteró que él mismo reconoció no tener cifras, por lo que su planteamiento es una opinión destinada a deshumanizar. Apuntó a un clima político en Israel donde algunos altos cargos han exaltado símbolos de muerte o promovido el desplazamiento en Gaza, entregando armas y respaldo a colonos en Cisjordania. Subrayó casos concretos de víctimas civiles y humanitarias —como Hind Rajab, los trabajadores de World Central Kitchen y múltiples profesionales y familias identificadas— para exigir evidencia que respalde afirmaciones de que “la mayoría” eran combatientes.
Ante la insistencia en calificar a Hamás como organización terrorista —designación vigente en varios países—, reiteró que su comunidad no representa a esa ni a ninguna otra organización y que invocar a Hamás no puede servir para eludir responsabilidades por decenas de miles de muertes. Sobre las estadísticas, destacó que, aunque provienen del Ministerio de Salud de Gaza, son validadas y difundidas por la OMS, OCHA y otras agencias de la ONU, con registros nominales, certificados y listados por nombre, edad, sexo e identificación. Afirmó que, dada la destrucción del sistema sanitario, es más probable el subregistro que la exageración, y pidió que, si se cuestionan las cifras, se presente una metodología alternativa y un conteo verificable.
Consultado por los Acuerdos de Abraham, señaló que intentaron normalizar relaciones dejando fuera al principal afectado, el pueblo palestino, bajo la premisa de integrar a Israel sin terminar la ocupación ni frenar asentamientos. Valoró que Arabia Saudita haya condicionado la normalización plena a una vía creíble hacia un Estado palestino, y advirtió que ignorar a Palestina no ofrece estabilidad duradera.
Sobre las elecciones legislativas en Israel en octubre y un eventual declive de Netanyahu, recordó que es el líder más longevo del país y que, bajo sus gobiernos, se profundizó la colonización y se negó la autodeterminación palestina. Mencionó los procesos judiciales que enfrenta por corrupción, señalando que la votación pondrá a prueba si la sociedad israelí quiere prolongar un liderazgo marcado por concentración de poder, debilitamiento institucional y políticas de ocupación. Aclaró que un cambio de gobierno no resolverá por sí solo el problema palestino si no viene con un viraje real: respeto al Derecho Internacional, fin de la ocupación y reconocimiento efectivo de la autodeterminación.
Finalmente, criticó que el embajador de Israel haya tildado a la Comunidad Palestina de Chile de organización radical que difunde odio. Recalcó que es una institución chilena centenaria, parte legítima del debate democrático, y que es grave que un representante extranjero intente estigmatizar a organizaciones del país. Advirtió que tales descalificaciones generan un clima de intimidación para chilenos de origen palestino, pidió al Gobierno de Chile proteger a sus ciudadanos ante hostigamientos de representantes foráneos y aseguró que no aceptarán que un embajador decida quién puede o no participar del debate público en Chile.
