Ratifican demolición de bloques en Mirador del Pacífico: obras costaron el doble de lo proyectado

Los lotes 6 y 8 deberán ser demolidos tras presentar graves fallas estructurales desde su entrega en 2013. El Ministerio de Vivienda disponerá de subsidios de arriendo y un plan de relocalización para las familias afectadas.

Una nueva etapa en el largo historial de deficiencias del Conjunto Habitacional Mirador del Pacífico, en los cerros de Talcahuano, se confirmó tras el anuncio de la demolición de los bloques pertenecientes a los Lotes 6 y 8.

El anuncio ministerial y la relocalización de las familias

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó la medida debido a los severos e irreparables problemas estructurales que volvieron inhabitables los departamentos de dichos bloques.

Para abordar esta emergencia, se contempla la entrega de más de 140 subsidios de arriendo que permitirán desocupar los inmuebles a la brevedad, mientras el Minvu avanza en un plan de relocalización en el sector Centinela de Talcahuano.

Al respecto, el alcalde Eduardo Saavedra valoró la decisión señalando que significa un alivio para las familias que por años soportaron la humedad, hongos y el deterioro de su calidad de vida, sumándose a la previa demolición del Lote 7 realizada en 2023.

Un proyecto que duplicó su costo original

El complejo, construido a partir de 2011 como respuesta habitacional tras el terremoto del 27F e inaugurado en mayo de 2013, ha mantenido un constante cuestionamiento por la calidad de sus edificaciones, la falta de fiscalización y el paulatino incremento de los recursos públicos destinados a intentar mitigar sus fallas.

Inicialmente, el megaproyecto habitacional contemplaba una inversión cercana a los 21 mil millones de pesos. Sin embargo, la suma final terminó superando los 41 mil millones de pesos, producto de sobreprecios en los terrenos e intervenciones posteriores.

A esto se suman más de 15 mil millones de pesos inyectados por el Serviu y el Estado en trabajos de reparación —como el recambio de ventanales a termopanel y revestimientos anti-humedad—, una indemnización de 2.500 millones de pesos tras una demanda que ganaron los residentes contra el municipio, y más de 500 millones de pesos gastados en demoliciones previas y subsidios de salida para las familias afectadas.

La postura de la comunidad

Jocelyn Sandoval, presidenta de la Junta de Vecinos del sector Mirador del Pacífico y dirigente del Lote 9, abordó la situación del complejo y el sentir de la comunidad frente a este nuevo proceso de demolición.

"Lo que se tenga que ir, que se vaya luego. Nosotros queremos avanzar para tener un mejor barrio. Hay vecinos que ya están recibiendo sus escrituras en los lotes 1, 2, 3 y 4, lo que nos permite organizarnos bajo la Ley de Copropiedad y postular a proyectos de mejoramiento como el DS27 para reparar techumbres y bajadas de agua", señaló la dirigenta.

Asimismo, la representante vecinal hizo un llamado urgente a las autoridades a ejecutar la demolición de los lotes 6 y 8 a la brevedad una vez que las familias desocupen los inmuebles:

"Pedimos al Serviu y al Ministerio que, si el Lote 6 y el 8 se van a demoler, lo hagan de inmediato. Cuando se desocupó el Lote 7, el lugar se convirtió en un foco de delincuencia antes de ser demolido. No queremos que vuelva a pasar lo mismo", enfatizó Sandoval.

Fiscalización y el uso de recursos públicos

El caso de Mirador del Pacífico reabre el debate sobre la responsabilidad de las empresas constructoras y los mecanismos de fiscalización del Estado al entregar soluciones habitacionales sociales. Mientras un sector de los bloques avanza en el saneamiento legal de sus propiedades, otros cientos de familias continúan enfrentando la incertidumbre tras años de habitar infraestructuras defectuosas.