El chavismo y la oposición de Venezuela acordaron este miércoles reemplazar a la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuestionado por su cercanía al oficialismo, como uno de los primeros resultados del ciclo inicial de diálogo promovido por Estados Unidos para avanzar en una transición política en el país.
“Se acordó activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, anunció la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, al leer un comunicado firmado por ambas partes.
El anuncio implica retomar el procedimiento que la Asamblea Nacional había iniciado en mayo para reemplazar parcialmente a los magistrados, en paralelo a una reforma de la Ley Orgánica del TSJ que contemplaba aumentar el número de jueces de 20 a 32.
Tras estos acuerdos, también se impulsará una nueva modificación de dicha ley, precisó Figuera al presentar el documento.
Asimismo, se acordó renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales y crear un consejo encargado de verificar las credenciales y requisitos de los aspirantes al TSJ, garantizando el cumplimiento de la Constitución, la ley y del baremo de evaluación.
“El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”, agregó Figuera.
Cambios en Venezuela tras caída de Maduro
Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante una operación militar en Caracas, en enero pasado, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez inició transformaciones institucionales, incluido el TSJ.
El primer ciclo de conversaciones arrancó el 6 de agosto, con Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina y presidente del Parlamento, al frente del equipo oficialista.
En ese marco, ambas delegaciones suscribieron principios como el respeto a la soberanía, el diálogo de buena fe, la búsqueda de beneficios para el país, una salida política, pacífica, democrática y constitucional, y el reconocimiento recíproco.
También pactaron igualdad política y trato paritario en la mesa, verificación del cumplimiento de los acuerdos y salvaguarda de los derechos humanos y políticos de todas las fuerzas.
Además, se comprometieron a comunicar de forma oportuna los avances a la ciudadanía.
