El presidente José Antonio Kast encabezó la promulgación de la ley “Escuelas Protegidas” (Boletín 18.156-04), que busca enfrentar la violencia dentro de los establecimientos educacionales y, entre otras medidas, autoriza la revisión de mochilas bajo protocolos específicos.
Al respaldar esta atribución, el mandatario afirmó: “el que nada hace, nada teme”.
La normativa entrega nuevas herramientas a colegios y docentes para responder ante hechos de violencia, amenazas o el ingreso de armas, en un contexto de alza de incidentes en comunidades escolares.
De acuerdo con datos del Ejecutivo, las denuncias por maltrato contra adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695 casos.
Asimismo, en 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en recintos educativos, según cifras de Carabineros.
Durante la ceremonia, Kast subrayó que la ley debe traducirse en acciones concretas en los colegios: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”, indicó.
Kast promulga Escuelas Protegidas y defiende revisión de mochilas
Uno de los ejes de la ley permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la inspección de mochilas y pertenencias.
El procedimiento deberá ejecutarse por personal formado para ello, resguardando derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso. La normativa no autoriza registros corporales ni de vestimenta.
Kast ilustró esta medida con el ejemplo de alumnos que ingresan objetos ajenos a la actividad escolar y comparó la práctica con los controles en terminales aéreos: “Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”, dijo.
Luego añadió: “¿Por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila? (…) El que nada hace, nada teme”.
Más atribuciones para profesores
La ley también otorga mayores facultades a los docentes para aplicar de inmediato medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias que aseguren el orden en el aula, siempre con criterios de proporcionalidad.
Además, obliga a los reglamentos escolares a prohibir elementos que oculten la identificación facial —con excepciones justificadas— y tipifica como una afectación grave a la convivencia las amenazas que interrumpan las actividades académicas. Padres y apoderados deberán asistir a citaciones vinculadas a medidas disciplinarias, convivencia o violencia escolar.
La iniciativa fue despachada por el Congreso el 2 de junio, pero luego enfrentó un revés en el Tribunal Constitucional.
Tras requerimientos de parlamentarios de oposición, el TC suprimió disposiciones controvertidas, como la opción de que Carabineros o la PDI revisaran mochilas ante la negativa de un estudiante, y la regla que impedía por cinco años acceder a la gratuidad universitaria a condenados por ciertos delitos asociados a violencia escolar.
Con esas correcciones, la inspección de mochilas quedó finalmente en manos de los propios establecimientos y supeditada a los protocolos que definan en sus reglamentos internos.
