El presidente José Antonio Kast promulgó la ley “Escuelas Protegidas” (Boletín 18.156-04), una normativa orientada a enfrentar la violencia dentro de los establecimientos educacionales y que, entre sus disposiciones, habilita la revisión de mochilas bajo protocolos específicos.
Al defender esta atribución, el mandatario afirmó: “el que nada hace, nada teme”.
La ley busca dotar a los colegios y a los docentes de más herramientas para actuar frente a episodios de violencia, amenazas o ingreso de armas, en un contexto de alza de incidentes en las comunidades escolares.
De acuerdo con cifras del Ejecutivo, las denuncias por maltrato contra adultos ante la Superintendencia de Educación crecieron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695.
Asimismo, en 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en recintos educativos, según datos de Carabineros.
En la ceremonia, Kast recalcó que la legislación debe traducirse en acciones concretas para los establecimientos: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”, señaló.
Kast promulga Escuelas Protegidas y defiende revisión de mochilas
Uno de los ejes de la norma habilita a los establecimientos a incluir en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias.
El procedimiento deberá ejecutarse por personal capacitado, resguardando derechos como privacidad, honra, igualdad y debido proceso. La normativa no autoriza inspecciones corporales ni de vestimenta.
Kast ejemplificó esta atribución con casos en que un alumno porte elementos ajenos a sus actividades académicas, y la comparó con los controles de aeropuertos: “Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”, dijo.
Luego enfatizó: “¿Por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila? (…) El que nada hace, nada teme”.
Más atribuciones para profesores
La ley también otorga a los docentes mayores facultades para aplicar de inmediato medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a mantener el orden en la sala, siempre con proporcionalidad.
Además, obliga a que los reglamentos escolares prohíban elementos que encubran el rostro —con excepciones justificadas— y tipifica como afectación grave a la convivencia las amenazas que interrumpan las actividades académicas. A su vez, padres y apoderados deberán concurrir a citaciones vinculadas a medidas disciplinarias, convivencia o violencia escolar.
La iniciativa fue despachada por el Congreso el 2 de junio, pero luego enfrentó un revés en el Tribunal Constitucional.
Tras requerimientos de parlamentarios de oposición, el TC suprimió algunas de las disposiciones más controvertidas, entre ellas que Carabineros o la PDI pudieran revisar mochilas ante la negativa de un estudiante, y la regla que impedía por cinco años acceder a gratuidad universitaria a condenados por ciertos delitos asociados a violencia escolar.
Con estos ajustes, la revisión de mochilas quedó finalmente en manos de los propios establecimientos y sujeta a los protocolos que definan en sus reglamentos internos.
