El Juzgado de Garantía de Concepción decretó el sobreseimiento del fiscal José Ortiz, primer persecutor del caso Tomás Bravo tras el hallazgo del cuerpo del niño. La decisión se adoptó luego de que el Ministerio Público concluyera que las presuntas presiones atribuidas al fiscal no configuraban delitos. En la audiencia, el juez acogió ese planteamiento, aunque precisó que no correspondía declarar la inocencia de Ortiz.
La indagatoria se abrió a partir de denuncias del tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar, y de la médica del Servicio Médico Legal, Carla Aldana. Escobar afirmó que el fiscal le pidió autoinculparse, mientras que la forense sostuvo que se le solicitó modificar el informe de autopsia.
Durante la audiencia, el fiscal Raúl Espinoza solicitó el sobreseimiento, argumentando que la supuesta intervención en la autopsia no prosperó, por lo que no se configuró el delito de obstrucción a la investigación.
En la misma instancia, el abogado defensor de Ortiz, el exfiscal Emiliano Arias, criticó que la Defensoría no hubiera formalizado oportunamente las denuncias por presuntas presiones cuando estas habrían ocurrido.
Tras revisar los antecedentes, el juez Iohan León autorizó el cierre sin sanción penal, recalcando que no se trata de una declaración de inocencia, sino de la falta de consumación de los delitos pesquisados, en particular cualquier intento de alterar la causa de muerte.
Tras la resolución, la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, afirmó que el resultado no la sorprendía y apuntó a una defensa corporativa dentro del Ministerio Público.
En su resolución, el magistrado también cuestionó que el Servicio Médico Legal no reportara las supuestas presiones y criticó la visita que Ortiz realizó a Jorge Escobar en la cárcel en marzo de 2021, señalando que ese acto no fue incorporado a la carpeta investigativa.
