El lunes 3 de agosto, como es costumbre, los ministros del comité político y los líderes de los partidos oficialistas se citaron en el salón “Democracia y Memoria” del Palacio de La Moneda para un nuevo Comité Político Ampliado.
En esa reunión, según relataron asistentes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló que su cartera y el Ejecutivo veían con inquietud algunos puntos de la megarreforma económica. Eran cuatro en particular.
Los temas en cuestión eran la regla del anatocismo, el derecho al olvido financiero, el pago a 30 días para las Pymes y la obligación de restituir servicios básicos en caso de emergencia.
Acto seguido, Quiroz adelantó que la respuesta del gobierno para los tres primeros puntos sería recurrir a vetos, lo que finalmente se materializó. Sobre servicios básicos, no se pronunció, lo que dejó dudas entre algunos timoneles.
Para despejar la incógnita, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pidió la palabra y consultó por el Artículo 31, que ordena reconectar los servicios básicos en zonas afectadas por incendios.
Fue el propio Quiroz quien respondió aquel lunes 3: abrió la opción de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar la disposición. Los dirigentes tomaron nota.
De acuerdo con fuentes consultadas por La Radio, el único en oponerse a esa vía fue el biministro Claudio Alvarado, quien alertó sobre los costos políticos de un requerimiento al TC y sugirió un veto sustitutivo para corregir la redacción.
Días más tarde, el sábado 8 de agosto, el Ejecutivo ingresó el requerimiento al TC con la firma del presidente José Antonio Kast y los ministros José García (Segpres), Jorge Quiroz (Hacienda), Ximena Rincón (Energía) y Louis de Grange (Transportes y OO.PP.).
Según fuentes de Palacio, la Segpres informó el movimiento a algunos dirigentes del oficialismo, pero ese aviso no llegó al despacho del biministro Alvarado. Tampoco se trató en el comité político ni en el ampliado del lunes siguiente.
La tarde del martes, al salir de la Cámara de Diputados, Alvarado fue consultado por la prensa ante los rumores ya instalados en el Congreso sobre el recurso ante el TC. Visiblemente incómodo, señaló: “Es una información con la cual no contaba en ese momento. Esa es una información que no tenía”. Al abandonar el Congreso, llamó de inmediato a Quiroz para pedir explicaciones y recibió disculpas por una “descoordinación interna”.
Choque de versiones
En La Moneda hubo pases de cuenta: algunos culparon a Hacienda por no informar, atribuyéndolo a la oposición de Alvarado; otros responsabilizaron a la Segpres por comunicar a dirigentes oficialistas y no al resto del comité político.
También hubo reparos a la Secom por no advertir al vocero el lunes, cuando debió responder sobre la ofensiva ante el TC. Pese a las explicaciones cruzadas, nadie asumió la falla.
Desde Secom apuntaron a una minuta difundida por Hacienda que “probablemente el biministro no alcanzó a revisar”, versión que Interior desmintió.
El ministro Segpres, José García, reconoció que “debimos haber tenido una comunicación interna más formal” y aseguró que no hubo intención de ocultar información. Desde Hacienda, Quiroz afirmó: “No es mi responsabilidad informar a cada una de las personas”, y calificó el episodio como “incidental”, agregando que toda organización es perfectible en su comunicación.
Alvarado, visiblemente molesto, ironizó al señalar que el único cambio sería “reiterarles a los ministros cuál es mi número de teléfono”.
RN y la UDI: disputa dentro de La Moneda
“El gobierno del presidente Kast necesita un vocero urgentemente”, dijo el 30 de julio el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, abriendo una pulseada interna en Chile Vamos por el liderazgo político dentro del Ejecutivo.
A partir de esa tesis —ordenar al sector y mejorar la coordinación—, sectores de la UDI arremetieron cuestionando el desempeño de García Ruminot en la Segpres y sosteniendo que Alvarado actuaba como “triministro”.
Aunque esa tensión se origina en los partidos, en el Ejecutivo niegan cualquier conflicto entre Interior y Segpres. Subrayan que ambos ministros compartieron más de 16 años en el Congreso y mantienen una relación cercana.
Lo mismo se indica sobre el vínculo entre Alvarado y la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien trabajó con él en los dos gobiernos de Sebastián Piñera y se integró al equipo de Kast con la idea de ser su jefa de gabinete.
La administración descartó fricciones internas y recalcó que las diferencias partidarias no forman parte de sus prioridades.
Políticos vs técnicos
Desde el inicio del gobierno, con el alza de combustibles, afloraron diferencias de criterio y estilo entre Hacienda y los equipos de Interior y Segpres.
La discusión sobre si debía primar lo técnico o lo político marcó marzo y llevó al oficialismo a instalar la idea de “equilibrar” a Jorge Quiroz.
Con la megarreforma, La Moneda optó por combinar ambos enfoques, lo que permitió despachar el proyecto en plazo, aunque no sin controversias.
El traspié comunicacional por el requerimiento al TC reactivó la tesis de una mala relación entre Alvarado y Quiroz. Ambos la desecharon, asegurando que hay confianza, diálogo y trabajo coordinado.
Pese a ello, en los equipos políticos del Ejecutivo reconocen incomodidad con el “estilo Quiroz”, aludiendo a su menor experiencia política y a eventuales riesgos para el gobierno. Entre los antecedentes que mencionan figuran el fallido acuerdo con el PPD por un error de Hacienda en una indicación y el compromiso que Quiroz habría transmitido a sectores opositores de no vetar la norma de servicios, sin advertir luego que se recurriría al TC.
