En la cuarta jornada de formalización del caso Sartor, los querellantes enfatizaron la dimensión del presunto daño económico sufrido por los inversionistas y advirtieron que, si se comprueban los delitos atribuidos, las penas podrían alcanzar hasta cuatro décadas de cárcel.
Los representantes de los afectados recalcaron que se trata de una causa de alta complejidad, centrada en posibles delitos económicos vinculados a la administración de fondos y al eventual desvío de recursos hacia empresas relacionadas.
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Miércoles 12 Agosto, 2026 | 19:53
A la salida del tribunal, los querellantes reiteraron la solicitud de cautelares más estrictas, argumentando que mantener en libertad a los imputados podría entorpecer la indagatoria y dificultar la recuperación de los fondos en disputa.
El abogado Juan Domingo Acosta, quien representa a Credicorp, una de las partes afectadas, afirmó que habría existido un traspaso de recursos entre distintos fondos administrados por Sartor y describió el mecanismo como una estructura coordinada.
A su vez, el abogado César Ramos, querellante por 43 aportantes, subrayó el impacto que el caso habría tenido en pequeños y medianos inversionistas, recalcando que no se limita a grandes patrimonios.
Por otro lado, Sergio Rodríguez Oro, abogado de Toesca, detalló el papel de la administradora en la gestión para recuperar los recursos de los inversionistas perjudicados y se refirió a los antecedentes financieros incorporados a la causa.
Entre los imputados que intervinieron en la audiencia estuvo Michael Clark, exdirigente de Azul Azul, quien defendió sus actuaciones y sostuvo que será el juicio el que establezca eventuales responsabilidades.
La audiencia de formalización prosigue hoy con las presentaciones de los nueve querellantes restantes, tras lo cual se escucharán los alegatos de las defensas de los imputados, para quienes se ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva.
