Los puertos dejaron de ser solo puntos de entrada y salida del comercio formal. Para organismos internacionales, la Fiscalía y las autoridades de seguridad del gobierno de José Antonio Kast, se han convertido en escenarios clave para la operación del crimen organizado.
El avance de carteles internacionales, junto con rutas de narcotráfico y contrabando, llevó al Ministerio de Seguridad a reabrir una discusión jurídica de larga data: quién tiene control efectivo dentro de la zona primaria aduanera, donde se ejecutan las operaciones de ingreso y salida de mercancías. En esos espacios se cargan, descargan, almacenan y revisan los bienes que entran o salen del país.
Antes de que el ministro Martín Arrau instruyera el ingreso de Carabineros y la PDI a zonas primarias de Aduanas sin autorización previa del Servicio Nacional de Aduanas, la Subsecretaría de Seguridad realizó una revisión detallada de la normativa aplicable, de dictámenes de la Contraloría General de la República y de fallos judiciales sobre el ejercicio de funciones policiales en esos recintos.
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Según la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el análisis fue conducido por equipos de la Subsecretaría de Seguridad, liderada por María del Pilar Giannini, junto a asesores jurídicos del ministerio.
La conclusión fue clara y preocupante: desde hace años el marco jurídico chileno ya reconoce que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tienen competencia en todo el territorio nacional, incluidas las zonas primarias aduaneras, sin desplazar las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Nacional de Aduanas.
El dictamen que debió cambiar la discusión
La pieza central fue el dictamen N°18.583 de la Contraloría General de la República, emitido el 25 de julio de 2018, a raíz de una consulta de la entonces Subsecretaría del Interior por las divergencias entre Aduanas y las policías sobre el alcance de sus competencias en zonas primarias.
En dicho pronunciamiento, Contraloría estableció que las facultades del Servicio Nacional de Aduanas “deben ser ejercidas sin perjuicio de las facultades de policía” de Carabineros y la PDI.
El organismo recordó que la Constitución y las leyes orgánicas de ambas policías les encomiendan mantener el orden público, prevenir delitos y ejercer funciones policiales en todo el territorio.
A la vez, el dictamen delimitó con nitidez las esferas de actuación.
Mientras la “potestad aduanera” faculta a Aduanas para fiscalizar el ingreso y salida de mercancías, ello no la habilita para tareas propias de policía o persecución penal.
Contraloría añadió que las facultades policiales pueden ejercerse válidamente dentro de la zona primaria “principalmente para mantener la seguridad pública y evitar la perpetración de delitos”, y que Aduanas debe adoptar medidas para no obstaculizar dichas labores.
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Coordinación, pero no subordinación
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad examinó con especial atención el alcance del principio de coordinación mencionado en el mismo dictamen.
Contraloría indica que Carabineros, la PDI y Aduanas tienen el deber jurídico de coordinarse para cumplir adecuadamente sus funciones.
No obstante, no estableció que las policías requieran autorización previa de Aduanas para ejercer sus atribuciones legales.
Por el contrario, reafirma que la labor policial corresponde de manera exclusiva a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en todo el territorio, coordinándose con Aduanas cuando sea necesario para ejecutar sus tareas respectivas.
Esa diferencia interpretativa es la que separa hoy la posición del Gobierno y la de las asociaciones de funcionarios de Aduanas.
La sentencia que reforzó la tesis
El segundo pilar considerado por los equipos jurídicos fue una reciente sentencia de la Corte Suprema, dictada este año en una causa por contrabando en San Pedro de Atacama.
Las defensas alegaron que PDI y Carabineros actuaron ilegalmente al realizar diligencias antes de una denuncia formal de Aduanas. Los tribunales rechazaron ese planteamiento y sostuvieron que, en contexto de flagrancia, las actuaciones policiales eran diligencias urgentes amparadas por el artículo 166 del Código Procesal Penal. Además, precisaron que su legalidad no depende de una denuncia de Aduanas cuando, junto al contrabando, concurren otros delitos de acción penal pública que por sí solos habilitan la intervención policial.
Para el Ministerio de Seguridad, la sentencia respalda la interpretación de Contraloría y refuerza que las policías pueden actuar en zona primaria ante delitos flagrantes o investigaciones de acción penal pública.
De la instrucción administrativa al cambio legal
Con esos antecedentes, el Ejecutivo resolvió avanzar en dos frentes.
Primero, impartió una instrucción directa desde el Ministerio de Seguridad para que Carabineros y la PDI ejerzan plenamente sus facultades dentro de zonas primarias cuando sea necesario para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales.
Luego, decidió incorporar esa interpretación al proyecto de ley de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
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La meta, según quienes conocen la redacción del texto, es entregar certeza jurídica explícita a la actuación policial y evitar que futuras controversias administrativas vuelvan a limitar procedimientos contra organizaciones criminales que usan puertos, pasos fronterizos y aeropuertos como nodos para ingresar mercancías ilícitas.
En síntesis, el Ejecutivo pretende convertir en ley lo que, a su juicio, ya se desprende de la Constitución, de las leyes orgánicas policiales, del dictamen de Contraloría y de la jurisprudencia reciente.
La reacción de Aduanas
La medida del Gobierno ya generó fuerte tensión con las asociaciones de funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, que la consideran un cambio sustantivo del modelo de control histórico en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Los gremios sostienen que permitir el ingreso autónomo de Carabineros y la PDI a zonas primarias altera el funcionamiento de esos recintos y debilita la potestad aduanera. Temen una superposición de competencias que afecte las funciones fiscalizadoras del servicio, pese a la posición ya expresada por Contraloría y tribunales.
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Las asociaciones remarcan que no se oponen a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando, pero advierten que ese objetivo no debe traducirse en una merma de atribuciones de Aduanas ni en redefinir competencias sin una discusión técnica y legislativa que clarifique el rol de cada institución.
Por ello, anunciaron estado de alerta y pidieron conocer el texto definitivo del proyecto antes de su ingreso al Congreso, subrayando que cualquier cambio al funcionamiento de la zona primaria debe resguardar las facultades legales del servicio y prevenir conflictos operativos entre las entidades que participan en el control fronterizo.
