La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), presentada por el presidente José Antonio Kast, comenzó a recibir críticas tanto por los delitos que incorpora como por los que, según legisladores, quedaron excluidos.
El plan considera más de 30 iniciativas y el Ejecutivo aspira a que sus instrumentos clave se aprueben antes de Navidad. Entre ellos, elevar la duración de la flagrancia de 12 a 24 horas, tipificar la pertenencia a una organización criminal y consagrar constitucionalmente que la seguridad es un deber del Estado.
Núcleo de la ACOT: reforma constitucional, fronteras, agencia de decomiso y destruir máquinas de azar
Miércoles 05 Agosto, 2026 | 22:21
Uno de los ejes que encendió el debate es el de los llamados casinos de barrio.
En Peñalolén, por ejemplo, el alcalde Miguel Concha adelantó que seguirán clausurando estos locales, retirando máquinas y limitando patentes de juegos electrónicos que, según indicó, han servido para encubrir este tipo de actividad.
La controversia escaló al Congreso cuando el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, cuestionó que se apunte a estos recintos mientras las plataformas de apuestas en línea continúan operando sin regulación ni trazabilidad, moviendo montos significativos. Por ello, ofició al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para aclarar si existe algún compromiso del Ejecutivo con dichas empresas y solicitó ampliar el alcance de la agenda.
Bianchi también puso en duda que estas plataformas comiencen a pagar impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos, recordando que la Corte Suprema ya estableció la ilegalidad de estas operaciones y ordenó el bloqueo de sus sitios. Según el senador, gravarlas sin resolver antes su estatus jurídico podría terminar validando una actividad que hoy funciona fuera de la ley.
El intercambio ocurre mientras el Gobierno intenta apurar la tramitación de su paquete de seguridad y coordinar las piezas que componen la ACOT. En este contexto, la diputada del Partido Demócrata Johanna Pérez llamó a evitar que esta disputa frene los avances ya alcanzados.
Con esto, mientras La Moneda busca sacar adelante su megarreforma antes de fin de año, en el Parlamento toma fuerza la discusión sobre si la persecución al crimen organizado debe incorporar con mayor énfasis el negocio de las apuestas digitales y los flujos económicos que mueven estas plataformas.
