En la segunda jornada de la sesión territorial de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, realizada en el Salón Nelda Panicucci de la Gobernación Regional de Punta Arenas, el Ministerio Público entregó un duro diagnóstico sobre la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) en la región.
Ante los legisladores, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, expuso un dato central: actualmente hay 46 causas activas que abarcan 64 delitos vinculados a este fenómeno, lo que confirma su persistencia en el territorio.
“Es una problemática que debe enfrentarse de forma interagencial por parte del Estado”, advirtió el persecutor, subrayando la situación de niños, niñas y adolescentes residentes en dispositivos estatales: “Es un contexto muy particular y con alta incidencia en la región”, añadió.
Las cifras oficiales indican que entre 2023 y julio de 2026 se registraron 214 delitos de explotación sexual infantil que afectan a 77 víctimas únicas. Punta Arenas concentra la abrumadora mayoría de los reportes, con 207 denuncias, seguida por Puerto Natales con seis y Porvenir con una.
El perfil de las víctimas revela una fuerte vulnerabilidad: el 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres entre 11 y 17 años, con un peak a los 15 años, edad en la que se contabilizan 25 víctimas.
En 2025, Magallanes alcanzó una tasa de 20,62 casos por cada 100 mil habitantes, prácticamente el doble del promedio nacional, fijado en 11,6.
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Cuestionamiento tutelar y precedentes
El presidente de la comisión, senador Karim Bianchi, subrayó la gravedad del problema y cuestionó con dureza la protección en recintos del Estado: “Es un tema que debería avergonzarnos como región. Casi todos los involucrados hoy son menores bajo tutela estatal y eso es inaceptable”, afirmó.
Durante la sesión también se mencionaron fallos relevantes, como el “Caso Cabezón Rodríguez”, en el que se impuso presidio perpetuo simple por delitos contra cinco menores captadas en residencias de protección, con reconocimiento del abandono institucional. Pese a estas condenas, el fiscal Crisosto advirtió que “lamentablemente el fenómeno persiste”.
La coordinadora regional de la Defensoría de la Niñez, Viviana Bazán, destacó la coordinación entre Fiscalía, tribunales de familia y servicios de protección: “Se ha avanzado en detección, pesquisa, sanción penal y en los procesos de reparación para niños, niñas y adolescentes”.
En cuanto al rol del Estado, Bazán aclaró que actúan como órgano veedor de derechos humanos. “No me corresponde afirmar si el Estado ha fracasado o no; lo que sí podemos señalar es que hoy la institucionalidad pública está presente en la región”, concluyó.
