El proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad que impulsa el Gobierno ya provocó tensiones dentro de la UDI. Mientras un sector cerró filas y descartó apoyar los cambios tal como están planteados, otros parlamentarios se mostraron abiertos a discutir ajustes puntuales a la Constitución, siempre que estén debidamente fundamentados.
La propuesta del Ejecutivo contempla intervenir entre 10 y 12 artículos de la Carta Magna. No pretende reemplazarla, sino incorporar modificaciones específicas para sostener la agenda contra el crimen organizado, que incluye cerca de 35 iniciativas legales.
Entre las medidas en evaluación figuran un quinto estado de excepción aplicable a territorios afectados por crimen organizado, la creación de un registro de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados, cambios en las atribuciones de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa.
Las discrepancias afloraron con fuerza en la UDI. Su presidente, Guillermo Ramírez, señaló a El Mercurio que, en las condiciones actuales, el partido no está en condiciones de apoyar reformas constitucionales en seguridad, por considerar que afectan la institucionalidad.
Desde la colectividad añadieron a Radio Bío Bío que una parte relevante de sus miembros mantiene reparos y que ha sido difícil alcanzar una postura común en la bancada. Aun así, sostienen que la UDI busca “rayarle la cancha” al Gobierno antes de que el proyecto entre formalmente al Congreso.
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Domingo 16 Agosto, 2026 | 13:03
Las diferencias también se manifestaron entre los propios diputados gremialistas. Daniel Lilayú rechazó respaldar la reforma: “Claramente, la UDI no vamos a apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque claramente dañan la institucionalidad”. En contraste, Constanza Hube recalcó que no se pretende “refundar” y se mostró disponible a apoyar cambios constitucionales limitados y bien justificados: “Nosotros no buscamos refundar nada y nosotros vamos a apoyar aquellas reformas constitucionales que sean acotadas, quirúrgicas”.
Reparos desde la oposición y en RN
Las críticas no se limitaron a los partidos que apoyan al Gobierno. El exministro del Interior Álvaro Elizalde advirtió que algunas propuestas suponen innovaciones mediante restricciones a derechos fundamentales. En ese marco, instó al Ejecutivo a explicar la pertinencia y la necesidad real de escalar estas materias al texto constitucional. “Por otro lado se innova, estableciendo restricciones a ciertos derechos y garantías fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Desde el propio oficialismo ha habido visiones críticas. Esperamos que el gobierno finalmente revise este texto con la mayor rigurosidad posible, que analice la pertinencia o necesidad real de una reforma constitucional”, subrayó.
Desde Renovación Nacional también surgieron aprensiones. La diputada Ximena Ossandón planteó que sería delicado reformar la Constitución como respuesta a fallos del Tribunal Constitucional y remarcó la importancia de respetar las instituciones. “Nosotros tenemos toda la facultad de, a través de las leyes, ir cambiando nuestra Constitución. El tema es: ¿qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? A mí me parece que eso sería un poco delicado, porque en el fondo uno tiene que creer en las instituciones y también tiene que respetar las instituciones”, afirmó.
Así, incluso antes de su ingreso al Congreso, la reforma ya abrió fisuras en la propia derecha. Ese escenario asoma como un primer obstáculo para el ministro Martín Arrau, dado que una reforma constitucional exige un quórum de cuatro séptimos: 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.
En consecuencia, antes de buscar entendimientos con la oposición, el Gobierno deberá alinear a sus partidos aliados y convencerlos de que las herramientas propuestas requieren efectivamente rango constitucional.
