La reforma constitucional en materia de seguridad que impulsa el Gobierno ya provocó tensiones dentro de la UDI. Mientras un sector del partido cerró filas y descartó apoyar los cambios tal como están planteados, otros legisladores se mostraron dispuestos a evaluar ajustes puntuales a la Carta Fundamental, siempre que cuenten con una justificación sólida.
La propuesta del Ejecutivo contempla modificar entre 10 y 12 artículos de la Constitución vigente.
El objetivo no es reemplazar el texto constitucional, sino introducir cambios acotados que respalden la ofensiva contra el crimen organizado, la cual incluye cerca de 35 iniciativas legales.
Entre las ideas en evaluación figuran la creación de un quinto estado de excepción para territorios impactados por el crimen organizado, un registro de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados, ajustes al rol de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa.
Las diferencias afloraron en la UDI. Su presidente, Guillermo Ramírez, señaló en entrevista con El Mercurio que, en las condiciones actuales, el partido no puede apoyar reformas constitucionales en seguridad por estimar que afectan la institucionalidad.
Desde la colectividad comentaron además a Radio Bío Bío que un número relevante de sus militantes mantiene reparos y que ha sido difícil cerrar una postura común en la bancada. Con todo, aseguran que la UDI busca “rayarle la cancha” al Gobierno antes de que el proyecto entre formalmente al Congreso.
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Domingo 16 Agosto, 2026 | 13:03
Las discrepancias también se reflejaron entre los propios diputados gremialistas. Daniel Lilayú descartó apoyar la reforma.
“Claramente, la UDI no vamos a apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque claramente dañan la institucionalidad”, dijo.
Por su parte, Constanza Hube recalcó que no se pretende una refundación y que está disponible para respaldar cambios constitucionales limitados y bien diseñados.
“Nosotros no buscamos refundar nada y nosotros vamos a apoyar aquellas reformas constitucionales que sean acotadas, quirúrgicas”, afirmó.
Reparos desde la oposición y en RN
Las críticas trascendieron a los partidos oficialistas. El exministro del Interior Álvaro Elizalde advirtió que varias de las medidas implican innovaciones que restringen derechos fundamentales.
En esa línea, instó al Gobierno a fundamentar la pertinencia y la necesidad real de llevar estas materias al nivel constitucional.
“Pero por otro lado se innova, estableciendo restricciones a ciertos derechos y garantías fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Desde el propio oficialismo ha habido visiones críticas. Esperamos que el gobierno finalmente revise este texto con la mayor rigurosidad posible, que analice la pertinencia o necesidad real de una reforma constitucional”, subrayó.
Desde Renovación Nacional también surgieron objeciones. La diputada Ximena Ossandón alertó sobre el riesgo de ajustar la Constitución como reacción a fallos del Tribunal Constitucional y remarcó la importancia de resguardar la institucionalidad.
“Nosotros tenemos toda la facultad de, a través de las leyes, ir cambiando nuestra Constitución. El tema es: ¿qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? A mí me parece que eso sería un poco delicado, porque en el fondo uno tiene que creer en las instituciones y también tiene que respetar las instituciones”, planteó.
Así, la reforma ya generó fisuras en la derecha incluso antes de su ingreso formal al Congreso.
Este panorama configura uno de los primeros desafíos para el ministro Martín Arrau, considerando que una reforma constitucional requiere un quórum de cuatro séptimos: 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.
En consecuencia, antes de tender puentes con la oposición, el Gobierno deberá alinear a los partidos que lo apoyan y convencerlos de que las herramientas propuestas ameritan rango constitucional.
