Gobierno impulsa norma de 21 pies y agudiza la disputa sobre las Reglas de Uso de la Fuerza

Senadores de distintos sectores iniciaron el debate sobre las propuestas que el Gobierno presentará a la Comisión Mixta que revisa las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). Entre las prioridades del Ejecutivo figura la llamada “norma de los 21 pies”, que fija una distancia de referencia para reaccionar ante una amenaza con arma.

El planteamiento, recogido en una minuta técnica del Ministerio de Seguridad, introduce criterios de distancia para ponderar el uso del arma de fuego por parte de policías y militares.

Según el documento, la regla —equivalente a 6,4 metros— no constituye una autorización para abrir fuego, sino que pretende que el tiempo de reacción disponible ante una amenaza deje de ser un factor decisivo por sí solo en el análisis jurídico posterior.

La discusión se da en medio de una sobrecargada agenda de seguridad en el Congreso. Desde el inicio del debate de las RUF, han ingresado y concluido más de 60 proyectos relacionados, mientras una treintena adicional ocupa hoy el trabajo legislativo.

El eje del debate sigue siendo qué facultades tienen, y cuáles no, policías y militares en el ejercicio de sus funciones.

Norma de los 21 pies y las propuestas del Gobierno
Una minuta del Ministerio de Seguridad difundida la semana pasada detalla las indicaciones que el Ejecutivo llevará a la Comisión Mixta, pese a que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ya asistió a la instancia sin revelar completamente el paquete de cambios.

Entre las propuestas está el “desenfunde preventivo” del arma de servicio en controles de identidad y vehiculares, concebido como una medida de protección y no como permiso para disparar.

También se incorpora la “norma de los 21 pies”, desarrollada en 1983 por la policía de Salt Lake City, en Estados Unidos, que considera 6,4 metros como parámetro táctico relevante para evaluar un posible ataque cuando existe un arma capaz de causar daño y una conducta amenazante actual.

La minuta del Gobierno recalca que la distancia, por sí sola, no legitima el uso del arma de fuego. El propósito es que el tiempo de reacción del funcionario frente a una amenaza sea ponderado de forma adecuada y no quede relegado en el escrutinio jurídico posterior.

La idea ya tiene antecedente legislativo: en 2022, el senador Alejandro Kusanovic ingresó la “Ley Sargento Gallegos”, inspirada en el caso del funcionario fallecido en Curicó, que incorpora este criterio. El parlamentario afirma que busca dar certezas sobre el uso de la fuerza.

“Da una seguridad a los policías para defenderse a una distancia a la cual el policía puede desenfundar. Se usa como regla para determinar si hubo o no hubo un mal uso de la fuerza”, explicó.

El texto también regula el uso de fuerza potencialmente letal en situaciones de flagrancia y ante órdenes de detención, e introduce las nociones de “peligro latente” y “peligro inminente”.

Cautela por los alcances de la norma
La amplitud de estos conceptos ya despierta reservas en la Comisión Mixta. El senador y jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, llamó a encauzar la discusión con prudencia para evitar interpretaciones demasiado abiertas.

“Estos conceptos planteados por el Ejecutivo son un tanto amplios y confusos. Aquí hay que ser muy cauto en la manera en que esto se va a abordar en la tramitación en la Comisión Mixta, que recién está empezando a ver estos temas. Cautela y profundidad, eso es lo que corresponde para sacar una buena norma”, advirtió.

En contraste, el senador independiente con cupo del Partido Republicano y exgeneral del Ejército, Cristian Vial, defendió las indicaciones y desestimó que relajen los estándares.

“Son normas de sensatez, de sentido común, para proteger a un policía frente a un delincuente armado. Que a un sector de la oposición lo encuentre muy amplio en la conceptualización está en la misma línea de los que quieren debilitar la ley Naín-Retamal”, señaló.

Vial emplazó a definir posiciones con claridad, cuestionando a quienes ven en estas reglas un marco excesivamente permisivo para policías y militares.

Por su parte, el senador DC Iván Flores respaldó incorporar la “norma de los 21 pies”, pero pidió delimitar con precisión su alcance. A su juicio, la experiencia comparada muestra beneficios y riesgos, y advirtió que no debe transformarse en un criterio automático.

“Cuidado con los términos porque la relativización, si no está estrictamente definida, la verdad es que se puede utilizar para cualquier cosa, y una vez cometido un error no hay vuelta atrás”, señaló.

¿Qué buscan regular las RUF?
El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza pretende establecer por ley un marco común para el actuar de policías y de las Fuerzas Armadas cuando, por mandato constitucional o legal, deban asumir funciones de seguridad.

La minuta gubernamental propone reemplazar el mosaico actual de circulares, órdenes, protocolos y manuales por un estatuto legal único. Define principios y deberes, clasifica grados de resistencia y de fuerza, regula el empleo de fuerza potencialmente letal e incorpora mecanismos de control, registro y determinación de responsabilidades.

El nuevo marco aplicaría a Carabineros y a la PDI, y tendría especial impacto en las Fuerzas Armadas cuando la Constitución o la ley autoricen su participación en tareas de seguridad.