El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este martes la prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez, en el contexto de la investigación del denominado Caso Sartor.
La resolución se adoptó tras dar por configurados, en esta etapa inicial, delitos como lavado de activos y fraude por omitir una oferta pública de adquisición (OPA), además de diversas estafas, administración desleal y apropiación indebida.
Para imponer la cautelar, el tribunal ponderó la gravedad de los cargos, las penas potenciales y el riesgo que la libertad de los imputados podría implicar para la seguridad pública y el curso de la investigación.
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Lunes 17 Agosto, 2026 | 06:30
Además, el juzgado fijó en 120 días el plazo para que el Ministerio Público continúe con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y definir eventuales responsabilidades penales.
Los delitos investigados en el Caso Sartor
El fallo se conoció tras dos semanas de audiencias de formalización, donde la Fiscalía expuso los fundamentos de su caso contra cinco exdirectores y ejecutivos ligados al Grupo Sartor.
Junto con el lavado de activos y el fraude por omisión de OPA, el tribunal tuvo por probados provisionalmente distintos tipos de estafa, con un perjuicio estimado que supera los $2.200 millones.
También se consideraron indicios de administración desleal y apropiación indebida. En cambio, no se tuvo por verificado, en esta etapa, el presunto delito de contrato simulado.
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Respecto del quinto imputado, Rodrigo Bustamante, el tribunal optó por una medida menos gravosa y decretó arresto domiciliario parcial.
Controversia por Michael Clark y Azul Azul
Uno de los ejes del debate en la formalización fue la situación de Michael Clark y su relación con Azul Azul.
La Fiscalía plantea que la operación por la cual Clark adquirió cuotas de un fondo de inversión que controlaba el 63% de Azul Azul constituyó una toma de control indirecta. Por ello, sostiene que debió ejecutarse una OPA.
La defensa del ejecutivo argumentó que la compra se hizo sobre un fondo que ya detentaba el control de la sociedad, por lo que no se habría configurado una transacción que obligara a lanzar una OPA.
Durante las audiencias, el Ministerio Público también exhibió antecedentes que, a su juicio, evidenciarían la influencia que Clark habría ejercido en decisiones de Azul Azul.
Perjuicio a inversionistas
Otro tema abordado fue el presunto daño económico a inversionistas del Grupo Sartor.
Las defensas impugnaron las imputaciones del Ministerio Público y aludieron, entre otros elementos, a actuaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a un fallo de la Corte Suprema relativo a la primera decisión de la CMF de revocar la autorización de Sartor AGF.
Las querellas, en cambio, sostuvieron que el perjuicio patrimonial se habría generado con anterioridad a las medidas de la CMF.
Con las cautelares impuestas este martes, el tribunal marca un nuevo hito en una indagatoria que seguirá durante los próximos 120 días, periodo en que la Fiscalía deberá profundizar diligencias y reunir más antecedentes sobre los hechos y la eventual participación de cada imputado.
