Plan de Quiroz contra "permisología" benefició millonario proyecto inmobiliario de su hermano

Una investigación de CIPER reveló que un mecanismo impulsado desde el Ministerio de Hacienda para acelerar la tramitación ambiental de proyectos de inversión terminó beneficiando a una iniciativa inmobiliaria vinculada al hermano del titular de esa cartera, Jorge Quiroz.

Se trata de Alto Santorini, proyecto que contempla una inversión de US$43,6 millones —cerca de $40 mil millones— y que pretende emplazarse a metros de las dunas de Concón, en la región de Valparaíso.

De acuerdo con la investigación, Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, participa de la propiedad del proyecto junto a su familia, además de integrar la oficina de arquitectura que lo diseñó y haber realizado gestiones de lobby ante autoridades regionales.

La iniciativa obtuvo el pasado 8 de julio una calificación ambiental favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso, pese a que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantenía observaciones relacionadas con eventuales riesgos de remociones en masa.

El proyecto ligado al hermano de Quiroz

Alto Santorini pertenece a Inmobiliaria Lote 21 SpA. Según los antecedentes societarios revisados por CIPER, el 24% de esa empresa está en manos de Inversiones M y E Limitada, firma cuya propiedad se divide en partes iguales entre PW Inversiones y Almar Inversiones.

Esta última sociedad es controlada en un 70% por Víctor Quiroz, mientras que el 30% restante pertenece a su esposa y dos hijos. De esta forma, la familia del hermano del ministro aparece vinculada a un 12% de la propiedad de Alto Santorini.

Pero la relación de Víctor Quiroz con la iniciativa no se limita a su participación empresarial. Junto a su socio Raúl Puelma, estuvo a cargo del diseño del edificio mediante el estudio Quiroz y Puelma Arquitectos.

Además, en los meses anteriores a que el SEA resolviera favorablemente el proyecto, Víctor Quiroz registró diez audiencias de lobby con autoridades de la región de Valparaíso.

Los reparos del Sernageomin

La evaluación ambiental de Alto Santorini se arrastra desde hace varios años. En 2023, tras el socavón que afectó a un edificio emplazado en el sector dunar de Reñaca, el proceso fue suspendido y posteriormente retomado en julio de 2024.

Durante la evaluación, 11 organismos públicos formularon observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, mientras que los representantes de Alto Santorini solicitaron en dos oportunidades extender el plazo para responder los reparos.

El último aplazamiento se prolongó hasta el 31 de marzo de este año, es decir, hasta después de que Jorge Quiroz asumiera como ministro de Hacienda.

Uno de los organismos que mantuvo sus cuestionamientos fue el Sernageomin. Ya en 2024, el servicio había advertido que el terreno presentaba peligro de deslizamientos, derrumbes y desprendimientos, por lo que solicitó un estudio específico sobre remociones en masa.

Tras analizar los nuevos antecedentes presentados por la inmobiliaria, el organismo reiteró sus reparos el pasado 28 de abril, indicando que no era posible descartar impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población asociados a este tipo de fenómenos.

Pese a ello, la observación no fue incorporada por el SEA en la evaluación ambiental. El organismo argumentó que la geomorfología no constituye un objeto de protección dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El mecanismo impulsado desde Hacienda

En paralelo a la tramitación de Alto Santorini, el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, puso en marcha un sistema destinado a agilizar proyectos de inversión que permanecían detenidos o demorados durante su evaluación ambiental.

El mecanismo realiza un seguimiento de los tiempos que toma cada etapa de las tramitaciones y contempla un denominado “Comité de Proyectos en el SEIA”, donde participan de manera permanente representantes de los ministerios de Hacienda, Medio Ambiente, Interior y Economía.

Hacienda lidera la instancia, determina las materias que se analizan y las autoridades sectoriales que son invitadas, pero no existen actas públicas de las reuniones del comité ni informes disponibles sobre sus decisiones o recomendaciones.

Desde Hacienda explicaron al medio que se trata de un sistema interno que reúne información pública disponible en el SEIA y cuya finalidad es conocer el estado de los proyectos y apoyar el cumplimiento de los plazos establecidos por ley.

La investigación también señala que los posibles cuestionamientos por conflictos de interés no se limitan al caso Alto Santorini.

CIPER aseguró que intentó contactar a Víctor Quiroz mediante los teléfonos disponibles en los registros ambientales del proyecto, el correo electrónico de su estudio de arquitectura y a través de la secretaria de la oficina, pero no hubo respuestas.