Sin identificar instigadores: comisión del 18-O aprueba informe libertario apuntando a Piñera e INDH

Sin nombres de instigadores ni rastros de financiamiento. Así cerró la comisión investigadora del estallido social, que aprobó el informe del Partido Nacional Libertario con críticas al gobierno de Sebastián Piñera y una propuesta para quitarle atribuciones al INDH.

La comisión investigadora del estallido social cerró su trabajo con un vacío importante: no logró identificar quiénes instigaron los hechos de violencia, pese a que ese era uno de los objetivos que se había trazado.

Aun así, aprobó el informe propuesto por el Partido Nacional Libertario (PNL), que puso sus dardos en otro lado: acusa “excesivos incumplimientos” del gobierno de Sebastián Piñera y busca quitarle al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la facultad de presentar querellas.

La propuesta libertaria se impuso por ocho votos contra cuatro. A favor estuvieron Enrique Bassaletti, Sergio Bobadilla, Hans Marowski, Cristóbal Martínez, Javier Olivares, Francisco Orrego, Alejandro Riquelme y Javiera Rodríguez. En contra votaron Jorge Díaz, Daniel Manouchehri, Lorena Pizarro y Consuelo Veloso.

La instancia, presidida por el libertario Hans Marowski, comenzó a funcionar en mayo por iniciativa del PNL. Su mandato era revisar cómo actuó el Estado para prevenir, contener y controlar la violencia registrada entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026, además de indagar la eventual participación de autores, cómplices o instigadores.

Pero en ese último punto no hubo una respuesta concluyente. El informe reconoce que durante las sesiones aparecieron “variadas hipótesis”, aunque no entrega nombres ni identifica organizaciones detrás de los hechos.

La jornada también dejó un nuevo flanco para el Gobierno. La comisión acordó enviar a la Contraloría los antecedentes por las reiteradas inasistencias del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien fue citado en dos oportunidades y presentó sus excusas.

Comisión del estallido social apunta a Piñera e INDH

Una de las principales propuestas del texto emanado hoy de la comisión es modificar las facultades del INDH para convertirlo en un organismo consultivo e impedir que pueda presentar querellas.

También busca obligarlo a distinguir en sus informes entre hechos verificados, denuncias, testimonios, hipótesis y opiniones. A ello suma la identificación de fuentes y metodologías, junto con una rectificación obligatoria cuando se difunda información “objetiva, sustancial y comprobablemente falsa”.

“Revisar las facultades del Instituto de Derechos Humanos, de manera de que sea un órgano consultivo sobre la materia, y no con la capacidad de entablar querellas, dado que dicha facultad en el ordenamiento chileno está prevista en un órgano diferente y especializado”.

El documento además recomienda reformar el artículo 150 D del Código Penal, referido a los apremios ilegítimos, y continuar fortaleciendo el respaldo jurídico a Carabineros.

“Excesivos incumplimientos” del gobierno de Piñera

Aunque fue elaborado desde una perspectiva libertaria, el informe cuestiona directamente la respuesta del Ejecutivo que encabezaba Sebastián Piñera. Según sus conclusiones, existieron “excesivos incumplimientos del Gobierno de la época” en el resguardo del orden público y la seguridad de la población.

El texto atribuye las deficiencias a la falta de un sistema de inteligencia robusto y coordinado. Una respuesta de la Fiscalía Nacional consignada en el informe señala que los fiscales que investigaron los hechos de violencia no intercambiaron antecedentes ni información con la Agencia Nacional de Inteligencia.

Además, sostiene que Chile no contaba con una regulación adecuada sobre infraestructura crítica ni con reglas de uso de la fuerza acordes al nivel de violencia.

“Finalmente, el trabajo de esta comisión considera realmente grave que determinadas zonas del país, algunas de carácter crítico, hayan sido abandonadas por el Estado, mientras distintos grupos violentos se dedicaban a la destrucción, saqueo y alteración del orden público. Es por esto que (…) se evidencian excesivos incumplimientos del Gobierno de la época por resguardar el orden público y cuidar la seguridad de los habitantes (…)”.

Entre los datos recopilados se señala que 77 de las 136 estaciones de Metro sufrieron daños. Veinte fueron incendiadas —seis completamente y 14 de manera parcial— y las pérdidas fueron estimadas preliminarmente en al menos US$200 millones.

También se registraron cuatro ataques contra infraestructura eléctrica entre 2019 y 2026. Uno de ellos, ocurrido en junio de 2023, dejó a 22.691 clientes sin suministro.

Informe no identifica instigadores ni financistas

Pese al objetivo de indagar posibles autores, cómplices e instigadores, el informe libertario no identifica una organización responsable de la violencia ni acredita mecanismos de financiamiento. El texto reconoce que surgieron “variadas hipótesis”, pero concentra sus conclusiones en las falencias estatales.

“Yo creo que la conclusión más importante es, precisamente, que necesitamos un Estado que sea capaz de mantener seguros a sus ciudadanos, que sea capaz de prevenir y evitar que actos terroristas y hechos tan violentos como los que vimos desde el 18 de octubre en adelante, con quemas de iglesias, con destrucción de negocios, con gente que, la verdad, perdió el sustento de su vida, vuelvan a ocurrir”, dijo el diputado Hans Marowski del PNL.

La diputada Lorena Pizarro (PC), dijo que el informe no responde al mandato de la comisión y apuntó al rol de estas instancias: “La Cámara de Diputadas y Diputados tiene que ser rigurosa en relación al rol que cumple con estas comisiones especiales investigadoras. No puede ser que tengamos una cantidad de invitados que nunca entregaron pruebas respecto de lo que significó el estallido social del 2019. Me parece gravísimo porque, finalmente se desconoce la demanda social que con tanta fuerza levantó la gente”.

La comisión realizó 11 sesiones e invitó a 32 personas, de las cuales asistieron 17. También envió 65 oficios y recibió solo 10 respuestas utilizables, mientras otras dos tuvieron carácter reservado.

Finalmente, propone evaluar una reforma constitucional sobre el rol del Consejo de Seguridad Nacional, dictar reglas de uso de la fuerza durante estados de excepción, crear un protocolo para hechos graves de violencia escolar y acelerar el programa de apoyo a víctimas “Chile te defiende”.