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TC acoge requerimiento del Gobierno contra norma que exige reconectar gratis servicios en emergencias

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María Agramunt

El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado por el Gobierno contra el artículo 31 de la megarreforma, que imponía a las distribuidoras la reconexión gratuita de agua potable, gas y electricidad en las zonas afectadas por los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

El Ejecutivo argumenta que el artículo impugnado es inconstitucional porque no se vincula de manera directa con el objeto central del proyecto de ley.

Según el requerimiento, la disposición carece de correspondencia con las ideas matrices o esenciales de la iniciativa, lo que vulneraría el artículo 69 de la Constitución.

Con esta decisión, el TC determinó que la presentación del Gobierno reúne las condiciones formales para su examen y, en consecuencia, la declaró admisible.

El trámite ahora se comunicará al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados, que contarán con cinco días para remitir sus observaciones y antecedentes.

Posteriormente, el Tribunal continuará la tramitación y se pronunciará sobre el fondo del conflicto constitucional.

Gobierno recurre al TC por norma de servicios básicos de megarreforma: “Está fuera de la idea matriz”

El 11 de agosto, el Gobierno acudió al Tribunal Constitucional para objetar el artículo que dispone la reconexión gratuita de servicios básicos en territorios bajo estado de catástrofe.

La presentación sostiene que el artículo 31 del proyecto de Reconstrucción Nacional infringe el artículo 69 de la Constitución, al haber sido incorporado durante la tramitación sin relación directa con los lineamientos centrales de la propuesta.

La norma exige a las concesionarias de distribución eléctrica, sanitaria y de gas restablecer sin costo el suministro a clientes residenciales y a micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas en estado de catástrofe, incluso si el corte ocurrió antes de dicha declaración.

No obstante, el Gobierno centra su objeción en el procedimiento legislativo de incorporación de la regla. A su juicio, el proyecto original estaba orientado a financiar y agilizar la reconstrucción tras los incendios de enero de 2026 y a impulsar la reactivación económica, por lo que el artículo cuestionado excedería el marco de la iniciativa.