La silenciosa batalla del fiscal judicial de la Suprema con notarios y conservadores

El fiscal de la Corte Suprema, Jorge Pizarro Astudillo, sostendrá la próxima semana un encuentro con los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones. El propósito es abordar las diferencias de criterio detectadas en la supervisión de notarios y conservadores.

Estas discrepancias derivan de la implementación de la Reforma al Sistema Notarial y Registral, que modificó las obligaciones de los fedatarios. De acuerdo con diversas fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Bío Bío, entre notarios y conservadores hay molestia porque, en algunos lugares, los fiscales judiciales —siguiendo lineamientos de Pizarro Astudillo— han exigido deberes que no estarían vigentes.

Ante este escenario, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales solicitó un informe a un expresidente del Tribunal Constitucional, quien cuestionó en ese documento las actuaciones del jefe de la Fiscalía Judicial, al sostener que la nueva ley no le confiere las facultades interpretativas que estaría ejerciendo.

Sin reglamentos

—En el marco del cierre del primer ciclo de inspecciones trimestrales a notarías, conservadores y archiveros tras la entrada en vigor de la ley 21.772, el Sr. Fiscal ha convocado a una reunión con las y los Sres. Fiscales de todas las jurisdicciones, con el fin de oír y discutir los aspectos complejos, puntos oscuros o dificultades surgidas durante la aplicación de las disposiciones introducidas por la referida ley.

Esa fue la convocatoria que recibieron el 5 de agosto cerca de treinta fiscales judiciales, desde Arica hasta Punta Arenas. La “invitación” surge luego de que, en diversas circunscripciones, aparecieran tensiones por la aplicación de la normativa.

Según quienes conocen el proceso, Pizarro Astudillo ha procurado acelerar el cumplimiento de las nuevas exigencias, considerando que la fiscalización quedó radicada en la Fiscalía Judicial. El inconveniente es que la propia ley vigente desde abril contempla la emisión de reglamentos.

La legislación requiere un reglamento para el repositorio digital, otro para garantías y cauciones, y un decreto con fuerza de ley que fije tarifas y cobros. Ninguno ha sido promulgado hasta ahora.

No es la primera intervención de Pizarro Astudillo en estas materias. En mayo, ya había objetado incumplimientos de larga data, en algunos casos “por más de 30 años”, como el pago de cauciones o fianzas, fondos que deben respaldar eventuales multas o indemnizaciones.

Tras esos reproches, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales sostuvo que las cauciones antiguas podían requerir actualización, pero aseguró que más del 70% de sus miembros había contratado “pólizas de seguros de responsabilidad civil adicionales” por montos superiores a los exigidos.

El informe

Ante la ausencia de los reglamentos, notarios y conservadores en distintas jurisdicciones han expresado su rechazo a la “interpretación” de Jorge Pizarro. La Unidad de Investigación de Bío Bío accedió a un informe encargado por la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales a Carlos Carmona, expresidente del Tribunal Constitucional.

Ese texto sostiene que Pizarro Astudillo incurrió en un “equívoco proceder” al intentar adelantar la reforma mediante tres oficios que instruían aplicar cambios pese a la falta de reglamentos.

—La vigencia de la ley no es un asunto menor. Está en juego la manifestación de voluntad del Congreso […]. La Ley Nº 21.772 no le otorgó ninguna facultad normativa al fiscal. Tampoco le confirió potestad interpretativa —plantea el documento.

El análisis agrega que, aun cuando se publicaran los reglamentos sobre repositorio digital y sobre garantías y cauciones, debería contemplarse un plazo de seis meses de vacancia antes de su exigibilidad. Esta situación ha generado fricciones entre fiscales judiciales y notarios:

—Solicitan revisar balances, pero por ley no podemos tributar como sociedades; tributamos en segunda categoría como personas naturales… son cuestiones así de absurdas —reclama un fedatario.

Agachar el moño

El dilema se replica entre fiscales judiciales de diversas jurisdicciones. Uno de ellos, en reserva, comenta que ha optado por seguir las directrices superiores, aunque discrepa de ciertas interpretaciones:

—Respecto de las cauciones, se pretendía que todos las rindieran conforme a la nueva ley, tanto antiguos como nuevos. Y no hallé sustento legal ni normativo para ello. Jamás pensé en exigirles a notarios con cinco, diez, veinte o treinta años en el cargo que volvieran a rendir la fianza. Pero, como subalterno, debo cumplir lo que ordenan —afirma.

Otros, en cambio, se mostrarían menos proclives a acatar. Por eso, la convocatoria a reunión fue leída por algunas fuentes como un intento más del jefe de la Fiscalía Judicial por reafirmar sus criterios.

La citación pedía remitir las consultas sobre la implementación de la reforma hasta el viernes pasado y no contemplaba nuevas preguntas durante la sesión.

—Creo que recibió tantas dudas que no le quedó otra que postergarla —comenta uno de los convocados.

La reunión, prevista inicialmente para el jueves 20 de agosto, fue reprogramada para el 27 y se realizaría en formato híbrido desde Santiago, según la citación.

Además de la puesta en marcha de la ley sin sus reglamentos, surgieron otros problemas, como la falta de recursos para que los fiscales judiciales se trasladen a notarías alejadas. En respuesta, Pizarro instruyó efectuar controles a distancia, relata un fiscal judicial.

Por otra parte, el concurso para la Tercera Notaría de Temuco —el primero a cargo del Servicio Civil bajo el nuevo procedimiento— fue declarado desierto al no lograrse el mínimo de tres postulantes que aprobaran la prueba de conocimientos. Esto es especialmente relevante considerando que, desde el 1 de octubre, quedarían vacantes más de 150 cargos de notarios, conservadores y archiveros debido a la implementación del retiro forzado a los 75 años.