Senadores Squella y Longton proponen que nuevo estado de excepción requiera acuerdo del Congreso desde su primer día
Los senadores Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, y Andrés Longton, de Renovación Nacional, alcanzaron un entendimiento para ajustar dos aspectos clave de la reforma constitucional en seguridad que el Ejecutivo envió al Congreso. La iniciativa había tensado al oficialismo, especialmente por el diseño del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública y por la facultad de intervenir comunicaciones.
Ambos legisladores difundieron este miércoles una declaración conjunta en sus cuentas de X, confirmando que presentarán indicaciones durante la tramitación. El anuncio se produjo tras las críticas públicas de Squella a sectores de Chile Vamos y su llamado a que definieran postura frente a la propuesta del Gobierno.
Longton, quien había pedido revisar los alcances de la norma, fue una de las voces que expuso el quiebre interno que ahora intentan recomponer con este acuerdo. La declaración conjunta busca alinear criterios sin desatender la premura de la agenda de seguridad.
“Coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional”, señalaron en el texto difundido.
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Revisión legislativa cada 30 días
El primer ajuste relevante apunta a la vigencia del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. La propuesta del Gobierno generó reparos al permitir mantener la medida hasta 240 días sin intervención del Parlamento, un margen que varios actores consideraron desmedido.
Como alternativa, Squella y Longton proponen que el decreto requiera desde el inicio el acuerdo del Presidente de la República y del Congreso Nacional. Además, disponen que la medida sea revisada por el Poder Legislativo cada 30 días, acortando de forma sustantiva los periodos sin control parlamentario.
La fórmula recoge las aprensiones de parlamentarios de Chile Vamos que advertían sobre la concentración de atribuciones en el Ejecutivo sin supervisión periódica. El rediseño busca balancear la iniciativa presidencial con el control legislativo.
Junto a @andreslongton coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional.
Si bien, seguiremos trabajando juntos en la agenda…
— Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) August 20, 2026
Junto a @arturo_squella coincidimos en la importancia de avanzar en la agenda de seguridad y anunciamos desde ya la presentación de indicaciones que recojan las inquietudes que se han presentado sobre la reforma constitucional.
Si bien, seguiremos trabajando juntos en la…
— Andrés Longton (@andreslongton) August 20, 2026
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Exclusión de la interceptación de comunicaciones
El segundo acuerdo se refiere a una atribución contemplada en el texto original: la posibilidad de interceptar, abrir o registrar documentos y todo tipo de comunicaciones.
Esta herramienta también encendió alertas por su alcance y eventuales impactos. En su declaración, Squella y Longton sostienen que “es conveniente dejar fuera la afectación a las comunicaciones” inicialmente propuesta. Con ello, buscan acotar el ámbito del estado de excepción y enfocarlo en otras medidas de seguridad pública.
La supresión de esta facultad marca un cambio significativo respecto del proyecto del Ejecutivo y se suma a los ajustes que otras bancadas de Chile Vamos elaboran en paralelo. En la UDI, igualmente se trabajan alternativas para corregir las disposiciones que han suscitado más reparos.
