La Policía de Investigaciones efectuó múltiples allanamientos en el marco de la pesquisa por supuestas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las diligencias incluyeron dependencias de Junaeb y el Congreso Nacional, donde se habrían requisado los teléfonos de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS).
El prefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, detalló que participaron más de 80 funcionarios “en diferentes comunas de la región Metropolitana, y también en las ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique”. Según indicó, se incautaron computadores, teléfonos y documentos considerados relevantes. A la vez, precisó que por ahora no hay detenidos en la causa.
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Consultado por la eventual incautación de los celulares de Gahona y Calisto, Castro respondió: “Como le señalé, dentro de las diligencias que se efectuaron, se realizaron las incautaciones de teléfonos, dispositivos, de diferentes personas que están involucradas en esta investigación”. Añadió que los operativos se realizaron con autorización del 4.º Juzgado de Garantía, que facultó la entrada, registro e incautación en distintos domicilios.
Fiscalía califica diligencia como “exitosa”
Las acciones fueron encabezadas por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien subrayó que son “bastante relevantes para la investigación que seguíamos”, la cual abarca presuntos delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y otros hechos de corrupción vinculados a licitaciones del PAE de Junaeb.
La persecutora indicó que los ilícitos habrían ocurrido “principalmente en la región de O’Higgins; sin embargo, creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país”. Catalogó la jornada como “exitosa”, afirmando que “logramos obtener todos los medios que necesitábamos”.
A la vez, recordó que la causa está bajo reserva, por lo que no entregaría detalles sobre la dinámica de los hechos ni la cantidad de imputados. Señaló que, tras analizar los antecedentes reunidos, se evaluarán eventuales formalizaciones o solicitudes de desafuero.
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Respecto del rol de los senadores, Encina planteó que su eventual participación podría “enmarcarse en varios delitos de cohecho”, sin entregar precisiones adicionales.
La investigación contra Junaeb y SOSER
De acuerdo con la Unidad de Investigación de Bío Bío, la Fiscalía indaga una presunta red que habría beneficiado a la empresa SOSER mediante raciones sobredimensionadas, certificados falsos, registros alterados y pagos a funcionarios para obtener información reservada y adjudicaciones del servicio de alimentación escolar.
Con ese antecedente, el tribunal autorizó allanamientos, incautaciones y otras medidas intrusivas. La trama apunta a exfuncionarios de Junaeb, ejecutivos de SOSER y también a parlamentarios y exparlamentarios.
En esa línea, el director de Junaeb, Fernando Peña, afirmó que la causa se originó tras una denuncia de la propia institución, y mencionó como involucrados al exjefe jurídico Alejandro Layseca y a la exdirectora Camila Rubio.
