Una denuncia presentada por la propia Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar derivó este jueves en un masivo operativo de la PDI que abarcó oficinas del organismo, domicilios en diversas ciudades y dependencias del Congreso Nacional.
Más de 80 efectivos de la PDI ejecutaron allanamientos autorizados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En las diligencias se incautaron teléfonos, computadores y documentación, mientras la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente intenta aclarar posibles delitos vinculados a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El foco principal recae en Soser S.A., proveedora de Junaeb. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público ante el tribunal, se investiga un eventual mecanismo para favorecer a la firma en procesos de contratación pública.
La indagatoria considera eventuales delitos de fraude al fisco, fraude informático, falsificación, cohecho, lavado de activos y responsabilidad penal de la persona jurídica. Entre los antecedentes figuran raciones reportadas por sobre las realmente entregadas, certificaciones presuntamente falsas para respaldar pagos con fondos públicos y registros adulterados en los sistemas de Junaeb. Asimismo, se analiza la posible distribución de alimentos contaminados en establecimientos de la región de O’Higgins.
Director de Junaeb apunta a exdirectora y exjefe jurídico tras allanamientos: «Son hechos graves»
Jueves 20 Agosto, 2026 | 12:40
La arista que elevó el caso al plano político apunta a la sospecha del Ministerio Público de un sistema para acceder a información reservada, incidir en trámites administrativos y beneficiar a Soser en licitaciones, a cambio de eventuales ventajas económicas o laborales.
Según los antecedentes, en ese entramado habrían intervenido ejecutivos de la empresa, gestores informales, funcionarios de Junaeb y personas vinculadas al Congreso. También se indagan posibles presiones para remover a fiscalizadores internos.
La investigación que salió de Junaeb
El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, afirmó que la causa surgió a raíz de una denuncia de la institución. Detalló que, durante revisiones del plan “Auditoría Total” del Gobierno, se detectaron indicios que levantaron alertas sobre licitaciones de la administración anterior, con un primer foco en un hecho en O’Higgins relacionado con Soser.
Peña señaló entre los investigados al exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, y a la exdirectora del organismo, Camila Rubio. Calificó los hechos conocidos como graves y reafirmó la disposición de seguir aportando antecedentes al Ministerio Público.
Senador Miguel Ángel Calisto confirma que entregó teléfono y cuentas corrientes a PDI por caso Junaeb
Jueves 20 Agosto, 2026 | 22:45
Con el avance de las diligencias, el caso se expandió más allá de funcionarios y exfuncionarios de la institución.
El salto del caso Junaeb al Congreso
Las actuaciones de este jueves incluyeron áreas del Congreso Nacional asociadas a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto, independiente en la bancada Evópoli, individualizados como imputados.
La Fiscalía obtuvo autorización judicial para revisar sus teléfonos y computadores, además de correos institucionales y antecedentes bancarios. El objetivo es determinar si hubo comunicaciones relativas a información reservada, a las licitaciones bajo pesquisa o a gestiones que pudieran haber beneficiado a Soser.
La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina confirmó que el eventual rol de ambos parlamentarios podría encuadrarse en cohecho, sin entregar más detalles por el carácter reservado de la causa.
Calisto informó en la noche que entregó voluntariamente su teléfono y acceso a sus cuentas corrientes. Negó participación en los hechos y dijo confiar en que el proceso demostrará su inocencia, recordando además acciones de fiscalización sobre Junaeb.
Una investigación de amplio alcance
El operativo se desplegó más allá de Santiago. La PDI indicó que los más de 80 funcionarios realizaron diligencias en varias comunas de la Región Metropolitana y en Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.
El expediente SOSER: Fiscalía indaga cohecho, fraude y una omisión de denuncia en Junaeb
Jueves 20 Agosto, 2026 | 10:50
La resolución judicial permitió registrar ocho inmuebles en Vitacura, Lo Barnechea, La Florida, Coquimbo, Viña del Mar, Santiago y Copiapó, además de oficinas del Congreso. Los equipos investigadores quedaron habilitados para incautar teléfonos, computadores, discos duros, documentos, respaldos de movimientos financieros y otros elementos relevantes.
El tribunal también autorizó el acceso al contenido de los dispositivos, incluidos mensajes, fotos, correos, registros de llamadas y datos de geolocalización. A esto se suma el levantamiento de información bancaria correspondiente, en términos generales, desde enero de 2018 hasta la fecha de la resolución.
Otra línea apunta a una posible omisión de denuncia. La Fiscalía obtuvo permiso para revisar correos y nubes institucionales de cinco funcionarios de Junaeb que habrían recibido una advertencia judicial sobre raciones presuntamente infladas y que, pese a ello, no habrían denunciado. Esa pesquisa se acota a los primeros cuatro meses de 2025.
Qué viene ahora
Tras el operativo, la Fiscalía calificó las diligencias como exitosas y afirmó haber reunido insumos clave para seguir con la causa. Por el momento, no hay detenidos.
La investigación sigue bajo reserva. La fiscal Encina señaló que, una vez analizado lo incautado, el Ministerio Público evaluará eventuales formalizaciones y, respecto de los parlamentarios, posibles solicitudes de desafuero.
Desde el Senado se expresó voluntad de colaborar y se pidió resguardar la presunción de inocencia. La Cámara Alta subrayó que una investigación o la mención de personas en antecedentes preliminares no implica por sí sola responsabilidad.
Senado llama a respetar presunción de inocencia tras allanamiento en el Congreso por caso Junaeb
Jueves 20 Agosto, 2026 | 14:41
El caso Junaeb queda así abierto en múltiples frentes: las licitaciones del PAE y el rol de Soser; la eventual participación de exautoridades del servicio; una posible omisión de denuncia; y una línea que alcanza a parlamentarios en ejercicio.
El reto para la Fiscalía será reconstruir, con base en comunicaciones, documentos y trazas financieras, si todo configura una red de corrupción y qué papel tuvo cada involucrado. Por ahora, la causa permanece en etapa investigativa y eventuales responsabilidades serán determinadas por los tribunales.
