Lo que empezó con una autodenuncia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar derivó, este jueves, en un masivo operativo de la PDI que irrumpió en dependencias del servicio, domicilios en varias ciudades y oficinas del Congreso Nacional.
Más de 80 efectivos de la PDI participaron en allanamientos autorizados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente incautó teléfonos, computadores y documentos para esclarecer eventuales delitos ligados a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El foco principal apunta a Soser S.A., proveedora de Junaeb. Según expuso el Ministerio Público, se indaga un posible esquema para favorecer a la empresa en procesos de contratación pública.
La investigación abarca presuntos delitos de fraude al fisco, fraude informático, falsificación, cohecho, lavado de activos y eventual responsabilidad penal de la compañía. Entre los antecedentes figuran raciones informadas por encima de las realmente entregadas, certificados presuntamente falsos para respaldar pagos con fondos públicos y registros alterados en los sistemas de Junaeb. También se pesquisa la eventual distribución de alimentos contaminados en establecimientos de la región de O’Higgins.
Pero la arista que elevó el caso al plano político es otra: el Ministerio Público sospecha de un mecanismo para obtener información reservada, incidir en trámites administrativos y beneficiar a Soser en licitaciones mediante supuestos pagos o ventajas laborales.
De acuerdo con la indagatoria, en ese entramado habrían intervenido ejecutivos de la firma, gestores informales, funcionarios de Junaeb y personas vinculadas al Congreso. Además, se investigan eventuales presiones para apartar a fiscalizadores internos.
La investigación que salió de Junaeb
El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, afirmó que la causa se originó por una denuncia del propio servicio.
Explicó que, en el marco del plan “Auditoría Total” del Gobierno, se detectaron indicios que levantaron sospechas sobre licitaciones de la administración anterior. La denuncia se concentró inicialmente en un hecho en O’Higgins relacionado con Soser.
Peña señaló como investigados al exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, y a la exdirectora del organismo, Camila Rubio. Calificó los hechos conocidos como graves y manifestó que seguirán aportando información al Ministerio Público.
La indagatoria, sin embargo, se amplió más allá de funcionarios y exfuncionarios de la institución.
El salto del caso Junaeb al Congreso
Las diligencias de este jueves alcanzaron dependencias del Congreso asociadas a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto, independiente de la bancada Evópoli, individualizados como imputados.
La Fiscalía obtuvo luz verde judicial para revisar sus teléfonos, computadores, correos institucionales y antecedentes bancarios. El objetivo es determinar si hubo comunicaciones sobre información reservada, licitaciones bajo pesquisa o gestiones que pudieran haber favorecido a Soser.
La fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, señaló que el eventual rol de ambos parlamentarios podría encuadrarse en cohecho, aunque evitó detalles por el carácter reservado de la causa.
Calisto confirmó en la noche la entrega voluntaria de su teléfono y acceso a sus cuentas. Negó participación en los hechos investigados, dijo esperar que el proceso acredite su inocencia y recordó gestiones de fiscalización vinculadas a Junaeb.
Una investigación de amplio alcance
El despliegue no se limitó a la capital. La PDI informó diligencias en varias comunas de la Región Metropolitana y en Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.
La resolución judicial autorizó registrar ocho inmuebles en Vitacura, Lo Barnechea, La Florida, Coquimbo, Viña del Mar, Santiago y Copiapó, además de oficinas del Congreso. Los equipos pudieron incautar teléfonos, computadores, discos duros, papeles, respaldos de movimientos de dinero y otros elementos vinculados a los delitos pesquisados.
El tribunal también habilitó el acceso al contenido de dispositivos: mensajes, fotos, correos, registros de llamadas y datos de geolocalización. A ello se suma el levantamiento de información bancaria, en términos generales, desde enero de 2018 hasta la fecha de la resolución.
Existe, además, una línea por eventual omisión de denuncia. La Fiscalía obtuvo permiso para revisar correos y nubes institucionales de cinco funcionarios de Junaeb que habrían recibido una alerta judicial sobre supuestas raciones infladas y que, pese a ello, no habrían denunciado. Esa revisión se acota a los primeros cuatro meses de 2025.
Qué viene ahora
Tras el operativo, la Fiscalía calificó las diligencias como exitosas y afirmó que recabó los insumos necesarios para avanzar. Por ahora, no hay detenidos.
La causa sigue bajo reserva. La fiscal Encina adelantó que, una vez analizados los elementos incautados, el Ministerio Público evaluará eventuales formalizaciones y, respecto de los parlamentarios, posibles solicitudes de desafuero.
Desde el Senado se expresó disposición a colaborar y se llamó a respetar la presunción de inocencia. Se remarcó que una investigación o diligencia no constituye, por sí sola, una declaración de responsabilidad.
Así, el caso Junaeb se proyecta en varias direcciones: la pesquisa sobre las licitaciones del PAE y la actuación de Soser; una arista relativa a exautoridades del organismo; la eventual omisión de denuncia; y una línea que alcanza a parlamentarios en ejercicio.
El reto de la Fiscalía será reconstruir, a partir de comunicaciones, documentos y flujos financieros, si estas piezas configuran una red de corrupción y qué rol habría desempeñado cada involucrado. Por ahora, la investigación continúa y serán los tribunales los que determinen eventuales responsabilidades.
