Una mañana de septiembre de 2025, Felipe Galaz López llegó a una feria costumbrista de Paine para ayudar a su pareja a montar el puesto que atendería durante las Fiestas Patrias. Antes de concretar alguna venta, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) acudieron a fiscalizar el local improvisado.
Lo que comenzó como una revisión tributaria terminó, un mes después, con una multa de $12.613.316 y el embargo de poco más de $1 millón desde la cuenta bancaria de Galaz, dinero reservado para pagar, entre otros compromisos, el arriendo.
Cerca de diez meses más tarde, fue el propio SII quien dejó sin efecto la infracción.
El caso fue asumido ante el organismo tributario por la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), que argumentó que Galaz no estaba ejerciendo una actividad comercial en el puesto fiscalizado y que los movimientos observados en su máquina de pagos correspondían a operaciones realizadas con anterioridad.
La máquina de pagos
Desde hace ocho años, Galaz se dedica a la talabartería, oficio familiar en el que elabora artículos de cuero y dicta cursos.
Según los antecedentes, durante la fiscalización entregó la documentación solicitada por los funcionarios del SII. El conflicto surgió cuando le pidieron revisar la máquina POS que llevaba consigo.
Allí figuraban cerca de $3 millones en transacciones. Galaz explicó que esos ingresos provenían de cursos de talabartería impartidos en días previos y que no guardaban relación con el puesto de la feria, que pertenecía a su pareja.
“Yo solo había ido a acompañar a mi pareja a montar el puesto. Nos fiscalizaron como a las 11:00 de la mañana, todavía no teníamos ninguna venta. Estábamos recién instalando los productos y las cosas”, relató.
Según su testimonio, primero aclaró que la máquina no estaba siendo utilizada en la feria. No obstante, el fiscalizador solicitó un reporte de ventas y, al detectar operaciones sin boletas asociadas, le advirtió que sería sancionado.
Un mes más tarde llegó la consecuencia: el SII notificó una multa por $12.613.316 y ordenó el embargo de los fondos disponibles en la cuenta bancaria de Galaz. En ella mantenía poco más de $1 millón destinado a cubrir arriendo y otros gastos.
La intervención de la Defensoría
Galaz acudió a la Defensoría del Contribuyente. Tras analizar los antecedentes, el organismo determinó que no hubo ventas el día de la fiscalización y que tampoco existían elementos para sostener una intención de ocultar actividad comercial o evadir impuestos.
DEDECON también consideró que se trataba de una feria pública y fiscalizable, pero que, al momento del procedimiento, Galaz no estaba realizando labores comerciales. Con esos fundamentos presentó una solicitud administrativa ante el SII para revisar la infracción.
La respuesta llegó el 6 de julio de 2026.
El Servicio de Impuestos Internos acogió la presentación y resolvió “Ha Lugar” a la petición de la Defensoría. Así, ordenó dejar sin efecto la infracción y revocó el cobro de los $12.613.316. Posteriormente, también se restituyeron los recursos embargados desde la cuenta bancaria.
“Cuando me llegó la notificación de embargo, estuve muy estresado y preocupado. Había quedado sin dinero, tenía cosas que pagar, el arriendo y otras obligaciones”, señaló Galaz tras la resolución.
“Se aplicó de manera equivocada la norma”
El defensor del Contribuyente, Ricardo Pizarro, planteó que el caso evidencia una fiscalización en la que, a juicio del organismo, hubo una aplicación errónea de la normativa.
“Acá no se trata de evadir recursos, sino de pagar lo que corresponde, ni más ni menos. En este caso el contribuyente fue víctima de una fiscalización donde se aplicó de manera equivocada la norma”, afirmó.
Pizarro añadió que los contribuyentes no solo tienen obligaciones ante la administración tributaria, sino también derechos que deben respetarse en los procedimientos de fiscalización.
El caso cobra especial importancia a pocas semanas de las Fiestas Patrias, cuando aumentan las fondas, ferias y puestos comerciales, y con ello las fiscalizaciones tributarias.
Desde DEDECON llamaron a comerciantes y emprendedores a mantener sus antecedentes en orden, emitir los documentos tributarios correspondientes y cumplir sus obligaciones. Al mismo tiempo, subrayaron que los procedimientos estatales deben ceñirse a la normativa y resguardar los derechos de los contribuyentes.
