El senador Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS) se refirió a las diligencias que la PDI llevó a cabo este jueves en el Congreso Nacional, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb. El parlamentario afirmó que no tiene vínculo con los hechos que se indagan y confió en que su inocencia quedará acreditada durante el proceso.
Señaló que desconoce los detalles de la orden judicial que derivó en el registro de su oficina en la Cámara Alta. No obstante, recalcó que optó por colaborar de inmediato con los funcionarios, entregando de forma voluntaria su teléfono móvil y el acceso a sus cuentas bancarias.
“Frente a la solicitud, entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar“, enfatizó el senador por medio de un comunicado.
Caso Junaeb golpea al Congreso
Calisto sostuvo que es el primer interesado en que los hechos se aclaren por completo y con prontitud. Además, el representante de la región de Aysén remarcó que su gestión ha estado permanentemente sujeta a control y rendición de cuentas, especialmente en materias relativas a la alimentación escolar.
Recordó que desde hace años ha impulsado acciones de fiscalización sobre la Junaeb, con el fin de perfeccionar sus procesos internos y evitar la concentración en la prestación de servicios.
“Durante años hemos ejercido acciones de fiscalización a la Junaeb justamente para mejorar sus procedimientos y evitar la concentración, mejorar servicio y beneficios a los estudiantes”, afirmó. Agregó que esto lo ha planteado en comisiones y de forma pública durante largo tiempo, por lo que no tiene nada que ocultar.
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Revisa aquí el comunicado del senador Miguel Ángel Calisto:
Allanamientos e incautación de dispositivos
Durante la jornada del jueves, la PDI desplegó un operativo amplio que abarcó el Congreso Nacional, dependencias de la Junaeb y otros puntos del país. El prefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, informó que más de 80 funcionarios participaron en estas diligencias.
Las pesquisas se realizaron en diversas comunas de la Región Metropolitana y en las ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique, con el propósito de incautar teléfonos, computadores y documentación relevante para la causa.
Consultado por los teléfonos de los senadores Calisto y Gahona, el prefecto Castro indicó que se llevaron a cabo incautaciones de dispositivos pertenecientes a distintas personas vinculadas a la investigación, sin precisar identidades. “Como le señalé, dentro de las diligencias que se efectuaron, se realizaron las incautaciones de teléfonos, dispositivos, de diferentes personas que están involucradas en esta investigación”, señaló.
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