Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visados de inmigrante para 75 países, medida impuesta a comienzos de año por el Gobierno del presidente Donald Trump, al concluir que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus atribuciones al aplicarla.
La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, resolvió en un fallo de 61 páginas que la prohibición era “manifiestamente ilegal” y cuestionó el argumento de la Administración de que los solicitantes de los países señalados suponían un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para el país.
Según la magistrada, se instruyó a los funcionarios a rechazar visados incluso a inmigrantes que cumplían con los requisitos y tenían alta probabilidad de ser autosuficientes, contraviniendo la obligación de realizar evaluaciones individualizadas.
Entre los países afectados figuraban naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
La pausa en la emisión de visados, vigente desde enero, también alcanzaba a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Entre los demandantes hay cinco profesionales colombianos a quienes se les negó la visa con base en la nueva política, además de seis ciudadanos estadounidenses que sostienen que la prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, de acuerdo con The New York Times.
Gobierno de EEUU suspende tramitación de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Colombia y Uruguay
Miércoles 14 Enero, 2026 | 16:16
El fallo también invalida las denegaciones de visa basadas exclusivamente en esta política, lo que podría derivar en la reconsideración de miles de expedientes ya resueltos.
“Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración”, señaló en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.
Según Cuevas Ingram, el tribunal “dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación”.
La presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, afirmó que la resolución constituye un “contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país”.
“La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello”, subrayó.
Hasta ahora, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han comentado la decisión.
