La formalización de Alejandro Venegas Osses, de 22 años, abrió nuevas dudas sobre el alcance de las amenazas dirigidas a universidades y, sobre todo, sobre las herramientas disponibles para anticipar hechos de este tipo.
El imputado fue formalizado este sábado por el delito de amenazas simples, a raíz de correos que generaron temor en comunidades universitarias y motivaron la suspensión de actividades presenciales.
Firma mensual y arraigo nacional para «Amermelao», el joven que amenazó con masacres en universidades
Sábado 22 Agosto, 2026 | 13:11
Venegas quedó con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de ingresar a las universidades afectadas. Además, se fijó un plazo de 100 días para la investigación. Entre las diligencias se revisará su computador, donde se hallaron aplicaciones que permiten conectarse a distintas direcciones IP.
La fiscal Natalia Véliz señaló que ahora deberán establecer si esas herramientas se usaron para el envío de los correos.
Aunque el tribunal constató que las amenazas generaron un temor real entre estudiantes y funcionarios, no se encontraron armas de fuego ni se acreditó pertenencia del imputado a un grupo terrorista.
Ahí surge una de las claves del caso: cómo diferenciar una amenaza con posibilidades de concretarse de una intimidación que, aun sin ejecutarse, altera el funcionamiento de múltiples recintos educativos.
Según el experto en seguridad Carlos Collao, la Ley de Escuelas Protegidas ofrece mecanismos preventivos, pero presenta limitaciones frente a amenazas que luego se expanden en internet.
El episodio también reabrió la discusión sobre cómo deben responder las instituciones ante este tipo de mensajes. Para la exministra de Educación, Adriana Delpiano, se debe indagar en todas las aristas, evitando sobredimensionar los hechos más allá de lo que indiquen los antecedentes.
Por ahora, la investigación deberá precisar el mecanismo de envío de las amenazas, si hubo participación de terceros y el verdadero alcance de la planificación, antecedentes que se abordarán durante los cien días decretados por el tribunal.
Consignar que el tribunal dispuso la prohibición de difundir el rostro del joven.
