Las diputadas del PDG Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancurt, junto a Catalina Del Real y Macarena Santelices de Republicanos y Francesca Muñoz del Partido Cristiano, cuestionaron a la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, tras la controversia por presuntas diferencias en costos de obras y procesos de licitación.
Según indicaron, las cifras deben estar sustentadas con respaldo técnico y, de existir irregularidades, corresponde determinar responsables.
Orellana acusa «dato erróneo» en auditoría que cuestiona gastos en oficinas del Ministerio de la Mujer
Viernes 21 Agosto, 2026 | 18:35
Una minuta interna del Gobierno advirtió posibles sobrecostos en licitaciones del ministerio. Ante ello, las legisladoras plantearon que el debate no debe limitarse a declaraciones políticas y que se deben revisar documentos financieros, auditorías y respaldos técnicos para establecer si hubo daño fiscal.
Las diputadas del PDG coincidieron en resolver la controversia con información comprobable. Contreras recalcó que, frente a imputaciones de tal magnitud, no basta con intercambios de declaraciones, y subrayó que en el actual escenario de déficit fiscal cada peso público es relevante.
Ramírez sostuvo que la ciudadanía demanda absoluta claridad y transparencia sobre el uso de fondos estatales, y llamó a todas las partes a exhibir respaldos y auditorías para contrastar datos con objetividad.
Betancurt añadió que la bancada del PDG mantendrá una posición sustentada en antecedentes técnicos, afirmando que no se debe poner en juego el patrimonio del país y que los recursos de los chilenos se resguardan.
Desde el Partido Republicano, Catalina Del Real y Macarena Santelices enfatizaron la necesidad de proteger los recursos públicos y definir responsabilidades si se verifican irregularidades. Del Real consideró inaceptable normalizar eventuales sobrecostos en el contexto de dificultades para muchas familias. Santelices instó a la Cámara a usar sus herramientas fiscalizadoras, señalando que ningún peso de los chilenos debe desperdiciarse en burocracia ni en obras cuestionadas.
Por su parte, Francesca Muñoz (PCCH) indicó que los hechos corresponden a trabajos ejecutados durante la administración anterior y remarcó que los fondos públicos deben emplearse con eficiencia, especialmente cuando tantas mujeres requieren apoyo estatal.
Muñoz valoró que el Ministerio de la Mujer haya remitido los antecedentes a Contraloría, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, precisando que dichas instituciones deberán establecer posibles responsabilidades.
