La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado recurrieron contra la resolución que aplazó hasta octubre la formalización del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por presunto fraude al Fisco.
Con ello, la definición sobre adelantar la audiencia quedó a criterio de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Vuelven a reprogramar audiencia de formalización de alcalde Chamorro por caso Embotelladora Llacolén
Miércoles 19 Agosto, 2026 | 10:17
El caso Embotelladora Llacolén llegó al tribunal de alzada, ya que el Ministerio Público y la parte querellante pretenden que la formalización se realice a la brevedad y no el 26 de octubre, como dispuso el Juzgado de Garantía de Coronel.
La postergación se solicitó debido a la licencia médica del defensor privado de Chamorro, el abogado Waldo Ortega, acumulando así el cuarto aplazamiento desde diciembre del año pasado.
Si bien el Consejo de Defensa del Estado atribuye la fecha elegida a la alta carga de trabajo del tribunal de Coronel, subraya la urgencia de comunicar formalmente el delito de fraude al Fisco que el Ministerio Público atribuye al alcalde, a los exconcejales René Lucero, Francisco Reyes, Osvaldo Campos y Ariel Durán, y al exdirector jurídico municipal, Cristián Pinto.
El querellante Georgy Schubert recordó que los imputados ya tienen medidas cautelares reales sobre sus bienes, actualmente resguardados.
“Este es un tribunal que tiene una sobrecarga de trabajo. Por lo tanto, entendemos que no es la voluntad del tribunal haberlo dilatado hasta octubre. Pero yo creo que vamos a apelar y solicitar a la Corte de Apelaciones de Concepción que fije una fecha más cercana en nuestro interés que la causa avance. Ya existen, en todo caso, medidas cautelares reales. Es decir, hay bienes que están resguardados para la eventual responsabilidad de los imputados y queremos que esto se resuelva lo antes posible. La primera solicitud fue en diciembre de 2025. Han pasado más de ocho meses”, indicó Schubert.
Entre las inquietudes de los intervinientes está el posible riesgo de prescripción, considerando que en 2020 se condonaron 1.200 millones de pesos a Embotelladora Llacolén por decisión del Concejo Municipal, cuyos cuatro ediles dejaron el cargo en 2024.
Por ello, el vocero del Ministerio Público en el Bío Bío, Mauricio Lártiga, destacó la importancia de formalizar para despejar cualquier duda sobre ese punto.
“El riesgo de la prescripción siempre se encuentra, pero la actividad del Ministerio Público también ha tendido a, justamente, impedir que esos plazos de prescripción se cumplan. Y ese es el interés sobre todo del Ministerio Público, de poder seguir instando por que este proceso avance a través de los trámites normales, específicamente que esta audiencia de formalización se realice. Y de esa manera no tener duda alguna en torno a que los plazos de prescripción puedan estar suspendidos hasta la terminación del caso en su completitud”, expuso.
Desde el CDE, de todas formas, apuntan que el fraude al Fisco contempla pena de crimen, cuya prescripción puede alcanzar los 10 años.
La definición quedó ahora en la Corte de Apelaciones de Concepción, que resolverá si mantiene la audiencia para fines de octubre o la adelanta.
