El Gobierno de José Antonio Kast se acerca a su primer medio año en el poder con una seguidilla de controversias que han tensionado su conducción. Las críticas —incluso dentro del oficialismo— han apuntado al diseño de gestión y al estilo de liderazgo del Presidente, justo cuando La Moneda movió su foco desde la megarreforma económica hacia la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), en un intento por recomponer apoyos que se han ido erosionando.
A la dificultad de reeditar un logro legislativo del calibre del megaproyecto del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se suman disputas públicas entre secretarios de Estado que han expuesto descoordinación interna. Kast ha mantenido un rol lateral en estas fricciones, sin marcar pautas claras, y el orden interno no ha sido un sello de su administración.
Las principales desalineaciones quedaron a la vista desde el alza de los combustibles en los primeros días de gobierno, cuando chocaron miradas políticas y técnicas. Más tarde, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el de Hacienda, Jorge Quiroz, protagonizaron una de las rencillas más comentadas, tras tildar a este último de “devoto de la virgen del puño”. A ello se agregaron roces con los partidos oficialistas por iniciativas como “Escucha su Corazón”, las presiones por indultos y la eventual privatización de Codelco.
La polémica más reciente involucró a la ministra de Salud, May Chomalí, y al ministro de Seguridad, Martín Arrau, por la inclusión en la ACOT de un inciso que podría traducirse en pérdida de derechos sociales. Expertos observan que el Presidente privilegia otorgar autonomía a sus ministros, una lógica que —advierten— choca con el carácter presidencialista del sistema político. En esa línea, el analista político de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, sostuvo que Kast “está en una postura más sobre el bien y el mal”.
En el ámbito político, el diputado UDI Mario Olavarría llamó a que el Mandatario asuma mayor protagonismo.
Con ese trasfondo, diversos sectores urgen a cerrar flancos y concentrarse en seguridad, una estrategia que empieza a mostrar señales. La última Criteria ubicó la aprobación de Kast en 35%, deteniendo su caída, mientras la desaprobación retrocedió tres puntos hasta 52%. La propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional marca 55% de apoyo, aunque persisten diferencias sobre sus medidas específicas.
Además, un 62% respalda introducir cambios constitucionales para modificar la Carta Fundamental. En paralelo, el “Plan Cancerbero” es percibido como un éxito, especialmente entre quienes habían perdido confianza en las acciones del Gobierno. Desde la derecha, las medidas han recibido amplio apoyo; con todo, el diputado Agustín Romero (REP) advirtió contra el triunfalismo y pidió mantener el ritmo de trabajo.
La oposición, en cambio, cuestiona la profundidad y la sostenibilidad de estos anuncios, advirtiendo que podrían privilegiar el efecto por sobre los resultados duraderos. El diputado Cesar Valenzuela (PS) sostuvo que “lo que hemos visto en materia de seguridad no son cosas nuevas”.
En el horizonte inmediato asoma el Foro de Madrid, el 3 y 4 de septiembre, que coincide con el aniversario del “Rechazo”. Según su web oficial, se eligió a Chile como sede “por su profundo significado político para el presente y futuro de Iberoamérica”. En esta edición se anticipa que el Presidente opte por un tono menos drástico que en ocasiones previas. Tanto oficialismo como oposición han remarcado que debe concentrarse en gobernar y no en una “agenda ideológica” si decide involucrarse activamente en el evento. Así lo plantearon la diputada Ximena Ossandon (RN) y el diputado comunista Boris Barrera.
A esto se suman dos hitos en agenda: su primera presentación ante la ONU y el objetivo de recorrer todo el país antes de Fiestas Patrias. Las próximas semanas pondrán a prueba la capacidad del Ejecutivo para ordenar la casa, consolidar la ofensiva en seguridad y recomponer su base de apoyo, cuando se cumplen casi seis meses desde el inicio del mandato.
