La Asamblea Nacional de Ecuador, con mayoría oficialista, aprobó este martes una ley que habilita el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin que sea necesario que el presidente declare un estado de excepción.
Con 83 votos a favor, el pleno respaldó la iniciativa de la legisladora oficialista Inés Alarcón. La bancada correísta se abstuvo de apoyar, al argumentar que, pese a estar de acuerdo con la cooperación entre instituciones, la normativa suprimía controles y mecanismos de rendición de cuentas.
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Miércoles 19 Agosto, 2026 | 15:17
El respaldo militar a la Policía deriva de una reforma constitucional aprobada en el referéndum de abril de 2024.
Hasta ahora no existía una regulación específica, por lo que el presidente, Daniel Noboa, había recurrido a sucesivos estados de excepción para permitir la presencia de militares en tareas de seguridad interna, con el objetivo de contener los elevados niveles de violencia de los últimos años.
“El apoyo previsto en esta ley no requiere que exista un conflicto armado interno, no constituye por sí mismo un estado de excepción y tampoco implica la suspensión de derechos constitucionales. No crea facultades ni modifica competencias a las Fuerzas Armadas ni a la Policía”, explicó Alarcón durante su intervención en el Legislativo.
La ley limita expresamente la asistencia militar a delitos como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, tráfico de armas o personas, minería ilegal, extorsión, intimidación, delincuencia organizada y graves alteraciones en el sistema penitenciario, conforme al artículo 158 de la Constitución.
El asambleísta correísta Gerardo Machado espera que con el proyecto de Ley de apoyo completario de las Fuerzas Armadas a la Policía, no se distraiga a los militares de su misión fundamental que es la defensa de la soberanía y el control fronterizo. pic.twitter.com/v3IxQi8EFA
— Ecuador Chequea (@EcuadorChequea) August 25, 2026
Para activar el apoyo, el comandante general de la Policía deberá enviar al presidente una solicitud motivada que detalle el ámbito territorial, los delitos a enfrentar y las razones por las cuales las capacidades operativas policiales han sido superadas.
Luego, el mando militar elaborará un informe sobre la necesidad, pertinencia y alcance de la intervención, que será evaluado junto con la petición policial por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Si la solicitud recibe el visto bueno, el presidente emitirá un decreto.
La asistencia militar tendrá una vigencia máxima de 180 días, prorrogable por hasta 30 días adicionales, y podrá darse por terminada antes del plazo.
Alarcón afirmó que la norma no “militariza la seguridad ciudadana”, sino que proporciona al Estado una herramienta con “reglas, límites y controles” para enfrentar a las estructuras criminales.
Ecuador permanece desde 2024 bajo una declaratoria de “conflicto armado interno” emitida por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas delictivas; pese a ello, 2025 cerró con un récord de 9.283 homicidios.
