¿Recuerda a Manuel Gutiérrez? Tenía 16 años cuando una bala salida de una UZI de Carabineros terminó con su vida mientras acompañaba a su hermano en silla de ruedas. Fue la noche del 25 de agosto de 2011, en Macul.
A la mañana siguiente, el sargento de Carabineros Miguel Millacura sospechó que uno de sus tiros pudo haber impactado al adolescente. Repuso las municiones gastadas, limpió la subametralladora UZI y entregó su turno sin reportar nada. Cinco días después, primero negó haber disparado y luego lo admitió.
Aunque hubo una condena, la familia de Manuel nunca sintió que se hiciera justicia.
Quince años más tarde, buscan demandar a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reabrir una investigación que, aseguran, dejó responsabilidades sin aclarar y obligaciones estatales incumplidas, propiciando la impunidad.
La muerte de Manuel Gutiérrez
Manuel vivía en la Villa Jaime Eyzaguirre, en Santiago. Estudiaba enseñanza media, era evangélico y dedicaba gran parte de su tiempo a su familia.
Apoyaba a su hermano Gerson, quien usaba silla de ruedas, y cuidaba a su abuela Lidia, que era ciega. La acompañaba en trámites cotidianos y a la iglesia. Esos cuidados eran un pilar de la vida familiar.
La noche en que murió salió con Gerson a observar una manifestación vinculada al paro nacional estudiantil. Según los antecedentes presentados ante la CIDH, se mantuvieron a distancia y no participaron en desórdenes.
Durante el operativo, el sargento Miguel Millacura utilizó una UZI de 9 milímetros. Los proyectiles rebotaron en la base de una pasarela y alcanzaron a Manuel y a Carlos Burgos. Carlos quedó herido. Manuel falleció.
Su muerte no solo arrebató al miembro más joven; desarmó también una red de afectos y cuidados fundamentales para el hogar.
“Lo que más nos importa al cumplirse 15 años de la muerte de Manuel es que exista una comprensión y una empatía al dolor de la pérdida que como familia hemos vivido”, señalaron su hermana Jaqueline Gutiérrez y la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial.
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Lunes 25 Mayo, 2015 | 15:15
“Pensé que no iba a pasar nada”
El 30 de agosto de 2011, cinco días más tarde, Millacura declaró como inculpado ante la Fiscalía Militar.
Según esa declaración, revisada por BioBioChile, el entonces sargento reconoció haber hecho dos disparos con la UZI institucional. Afirmó que sus compañeros eran atacados con piedras y armas hechizas y que decidió disparar al aire, en diagonal, para protegerlos.
“Me parapeté solo, en unos bloques de cemento”, contó. Desde ahí, aseguró, efectuó “02 (dos) disparos al aire en forma diagonal”.
También admitió la presencia de humo de fogatas y gases lacrimógenos, que la visibilidad era “casi regular” y que no pudo distinguir a los transeúntes que resultaron heridos.
A la mañana siguiente oyó en su unidad que un adolescente había muerto en el mismo sector. En ese momento, dijo, sintió “incertidumbre y temor” y pensó que uno de sus tiros podía ser el responsable.
Entonces, según su propio relato, sacó dos proyectiles que guardaba en su casillero y los colocó en el cargador para reponer las municiones disparadas. Luego limpió la UZI con un líquido especial y devolvió el arma sin reportar novedad.
“Decidí reemplazar los 2 proyectiles 9 milímetros que disparé, por otros dos proyectiles de mi propiedad, rellenando el cargador de la UZI”.
“Efectué una limpieza con un guaipe con líquido especial a la Pistola Ametralladora UZI (…) luego entregué mi cargo y servicio sin otra novedad, no dando cuenta a mis mandos de dicha situación”.
Además, admitió que no dejó constancia de los disparos “porque pensé que no iba a pasar nada”. Días después, ante la primera consulta de su superior, negó haber usado el arma. Minutos más tarde lo reconoció.
Una condena que no cerró la historia
La causa quedó en la justicia militar. En la presentación ante la CIDH, solicitando expresamente enviar el caso a la Corte IDH, los abogados de la familia recuerdan que Millacura fue condenado inicialmente a tres años y un día.
La Corte Marcial recalificó los hechos como cuasidelito de homicidio y bajó la pena a 400 días. Luego, la Corte Suprema rechazó los recursos y mantuvo esa decisión.
Aunque hubo una sentencia, para la familia no fue proporcional. Tampoco se indagaron responsabilidades más allá del autor del disparo.
“Todo el poder del Estado puesto en contra de un niño, porque eso era Manuel, un niño que acompañaba a su abuela, que estaba con su hermano”, dijo a BioBioChile Cristian Cruz, abogado de la familia.
“Una justicia militar donde, recordemos, quien es el juez es un general de Ejército, un general de Ejército que ni siquiera es abogado, que no ha hecho una carrera judicial”, sostuvo. A su juicio, aquello implicó “la negación del debido acceso a la justicia para Manuel y su grupo familiar”.
Para la abogada Karinna Fernández, la familia de Manuel no ha sido reparada ni ha obtenido justicia, lo que se traduce en una impunidad dolorosa.
“Esto no es un caso del pasado, es un ciclo. Se dispara contra el espacio cívico, se justifica institucionalmente, la justicia diluye la responsabilidad y después se legisla la impunidad. Las armas letales y menos letales usadas para ‘despejar las vías’, con impunidad garantizada, no distinguen a nadie”.
“Por eso hemos exigido con fuerza que la Comisión Interamericana envíe este caso a la Corte: solo una sentencia puede fijar estándares que no dependan del gobierno de turno”, remató.
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Miércoles 20 Mayo, 2015 | 15:06
El caso que ahora mira hacia fuera de Chile
El expediente estuvo una década en el Sistema Interamericano. Finalmente, la CIDH adoptó el Informe de Admisibilidad y Fondo, cuyas partes pertinentes fueron comunicadas a los abogados de las víctimas el 27 de mayo de 2026.
El 3 de junio, los representantes de la familia solicitaron que el caso sea remitido “a la brevedad posible” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué estableció el informe reservado?
Según pudo saber BioBioChile, en el informe de fondo de la CIDH, que permanece bajo reserva y no puede difundirse íntegramente, la Comisión concluye que el Estado de Chile vulneró el derecho a la vida y los derechos del niño de Manuel Gutiérrez, además de la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de Carlos Burgos y de la familia del adolescente.
El organismo estimó que el uso de la UZI no fue necesario ni proporcional, que no existía una amenaza grave e inminente que justificara emplear fuerza potencialmente letal y que los funcionarios no auxiliaron a las víctimas. También cuestionó la radicación en la justicia militar y la falta de investigación sobre todas las posibles responsabilidades.
Por ello, recomendó reparar a las víctimas, brindarles atención en salud, reabrir la causa penal, establecer sanciones administrativas cuando correspondan y adoptar medidas para evitar la repetición de hechos similares.
El Estado de Chile, por su parte, pidió más plazo para recabar información.
La familia pide ahora reabrir la causa en la justicia ordinaria. Busca que se indague no solo al autor del disparo, sino también la cadena de mando y eventuales maniobras para encubrir lo ocurrido.
El escrito menciona a antiguos mandos de Carabineros y autoridades políticas de la época cuya actuación se solicita esclarecer. Hasta ahora no existe una responsabilidad establecida en su contra.
Un día para recordar a quienes ya no están
La presentación incluye, además, prohibir el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones, crear un registro de funcionarios que disparen contra personas y publicar cifras claras sobre muertes y lesiones provocadas por agentes estatales.
Entre las medidas reparatorias, la familia considera especialmente relevante instaurar el 25 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de la Violencia Policial.
La solicitud no implica que Chile ya esté siendo juzgado internacionalmente. La CIDH aún debe decidir si remite el caso. Solo entonces la Corte podría determinar la responsabilidad del Estado y ordenar reparaciones.
Gerson, el hermano al que Manuel acompañaba esa noche, murió años después sin conocer este avance. También falleció su abuela Lidia, a quien el adolescente cuidaba y llevaba a la iglesia.
“Sé que mi hermano no es el primero, pero de verdad que espero que sea el último”, dijo Gerson en 2012.
Quince años después, la familia sigue esperando que ese anhelo deje de ser solo un deseo.
