El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, volvió a referirse a la reforma constitucional de seguridad que impulsa el Gobierno y afirmó que existe “cierto consenso” entre parlamentarios, pese a las críticas de distintos sectores. Recalcó, además, que el Ejecutivo está dispuesto a introducir ajustes al texto.
Este miércoles, el secretario de Estado destacó que se han sostenido reuniones con “parlamentarias, senadores, diputados, presidentes de partido, expertos constitucionales, y la reforma que se ha presentado en términos de combate al crimen organizado, al listado de organizaciones y a modificaciones del sistema penitenciario, tiene cierto consenso”.
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Añadió que “hay que perfeccionar los controles y los plazos, y hemos manifestado nuestra voluntad de tramitar esto con calma”, por lo que el Gobierno reducirá la urgencia legislativa del proyecto.
Al ser consultado por los tiempos, indicó que espera que “esté listo a fin de año”, aunque subrayó que ahora se abrirá espacio para el trabajo en el Senado, donde, según dijo, en reuniones reservadas “han manifestado muy buena disposición al diálogo, a sacar esto adelante, con efectivamente los tiempos y las mejoras que deben hacerse”.
Duración del estado de excepción no es una “línea roja”
Sobre las flexibilidades del Gobierno en la tramitación, señaló: “Las principales críticas han estado por la extensión de la duración del estado de excepción constitucional. Para nosotros eso no es una línea roja, totalmente disponible, incluso si es que es necesario dejarlo similar a los que existen hoy día, no es problema. Respecto a la interceptación de telecomunicaciones, también es un tema que podemos morigerar y discutir. Y el resto de los temas ya son ajustes bastante menores”.
Sin embargo, frente a la opción de eliminar el estado de excepción propuesto, precisó: “La verdad es que en las discusiones técnicas que hemos tenido con parlamentarios de amplios sectores políticos, todos coinciden en que se necesita un estado de excepción constitucional local para hacerse cargo de barrios, de zonas donde el crimen organizado opera y ahí necesitamos una intervención dura e intensiva, temporal y transitoria, por supuesto. Y, por tanto, hay consenso en que hay que mejorar esa excepcionalidad constitucional para hacernos cargo de esa realidad”.
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“¿Cuál es la forma? Bueno, es lo que estamos discutiendo con los parlamentarios, pero es cosa de revisar todos los proyectos que han presentado los propios parlamentarios, varios de ellos que han estado en el debate estos días, sobre precisamente estados de excepción constitucional en los últimos años. Y, por eso, hay consenso en que se debe hacer algo y esa forma es la que estamos hoy día conversando con diferentes sectores políticos”, añadió.
Arrau lleva discusión a otros temas de la agenda
El titular de Seguridad Pública valoró la disposición del Congreso y reiteró que “la próxima semana se disminuirá el nivel de urgencia” para continuar el diálogo, en un escenario donde tanto oficialismo como oposición han formulado reparos.
Finalmente, sostuvo que “hay una serie de otros proyectos de temas migratorios, de temas de retención de personas inmigrantes, de reglas de uso de la fuerza, de protección a nuestras policías, que son muy urgentes y que están con máximo nivel de urgencia, a diferencia de este proyecto que está con un nivel de urgencia bastante bajo”, desplazando el foco hacia otras prioridades de la agenda.




