Región del Bío Bío

hrs

CGR denuncia a médicos de la Provincia de Arauco que eludieron devolver becas usando licencias falsas

logo Nicolás Parra Tapia
Escrito por:Nicolás Parra Tapia

Un extenso informe de la Contraloría General de la República (CGR) evidenció un uso masivo e irregular de licencias médicas por parte de dos médicos becados en Anestesiología, quienes debían cumplir su Período Asistencial Obligatorio (PAO) en establecimientos del Servicio de Salud Arauco como retribución por su formación financiada con recursos públicos.

Según el documento de 88 páginas —accedido por la Unidad de Investigación de Bío Bío—, ambos profesionales pasaron cerca del 90% de los seis años comprometidos fuera de sus funciones mediante licencias. La CGR remitió los antecedentes al Ministerio Público para indagar eventuales delitos, dado que recibieron altos pagos durante ese periodo y que, en uno de los casos, gran parte de las licencias fue emitida por el propio cónyuge del médico.

Con la licencia del cónyuge
El primer caso corresponde a un especialista que inició su PAO el 1 de junio de 2018 en el Hospital Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, con 44 horas semanales. Diez días después ya estaba con licencia. La Contraloría determinó que, durante los seis años de obligación, estuvo con reposo el 95% del tiempo, desempeñándose efectivamente solo en 108 de los 2.192 días. Llama la atención que el 52% de sus licencias fueron otorgadas por su cónyuge. Adicionalmente, durante el reposo realizó doce viajes al extranjero y trabajó en entidades públicas y privadas, entre ellas el Instituto Traumatológico de Santiago en 2021-2022, y fue contratado a contrata por esa institución en mayo-junio de 2024. Entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2024 percibió más de $415 millones en remuneraciones.

Viajero
El segundo caso replica el patrón anterior. Se trata de un médico de la Universidad Diego Portales, también becado en Anestesiología, que comenzó su PAO el 1 de abril de 2018 en el Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, con jornada de 44 horas. Ocho días después ingresó a licencia. La CGR concluyó que estuvo con reposo el 94% del periodo, prestando servicios reales solo 133 de 2.192 días, mientras continuaba recibiendo su sueldo. Durante ese lapso realizó seis viajes al extranjero y también ejecutó labores en el ámbito público y privado. Cobró más de $314 millones entre abril de 2018 y marzo de 2024, y facturó horas de anestesia al Hospital de Copiapó y al Instituto Traumatológico de Santiago en 2020-2021 por más de $14 millones, coincidentes con días en que declaraba reposo en Cañete. El informe precisa que, de 73 licencias presentadas, al 24 de abril de 2026 había 38 pendientes y 32 rechazadas, sin que el Servicio de Salud Arauco (SSA) hubiera iniciado cobros para recuperar esos montos.

Destitución y derivación a la justicia
El SSA informó a Contraloría que, mediante resoluciones de 2026, aplicó la destitución a ambos médicos. Además, instruyó acciones administrativas y judiciales para cuantificar los daños y perseguir la restitución de recursos. A su vez, la CGR comunicó que enviará los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), encargada de fiscalizar las licencias médicas, y a la Fiscalía Local de Lebu, para las diligencias que correspondan.

El trasfondo: las becas y el PAO
El programa estatal de becas de especialización exige a los médicos beneficiados cumplir un PAO en recintos públicos durante varios años, como devolución de la inversión pública realizada. La CGR ha detectado reiteradamente el uso abusivo de licencias para evadir esta obligación, mientras se mantienen ingresos y se realizan actividades paralelas. El informe sostiene que estos dos casos evidencian un problema de mayor escala en el Servicio de Salud Arauco: hay más de $969 millones no recuperados en garantías de otros becados que incumplieron su PAO y $1.076 millones asociados a profesionales excluidos de programas por razones académicas o de idoneidad. Sumando los $729 millones vinculados a los dos anestesiólogos, la exposición financiera del Servicio supera los $2.700 millones. Las destituciones y las acciones judiciales y administrativas quedan ahora en manos de la justicia y de la autoridad previsional.

Desde el Servicio de Salud Arauco recalcan que la expulsión no exime de responsabilidades: los involucrados arriesgan quedar impedidos de volver a trabajar en el sistema público y deberán restituir los recursos estatales utilizados en su formación. “Tomamos todas las medidas necesarias y estamos seguros que esto no volverá a ocurrir”, enfatizaron. Los nombres de ambos médicos permanecen en reserva por decisión de la Contraloría.