Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) evidenció un uso masivo e indebido de licencias médicas por parte de dos médicos becados en Anestesiología, quienes debían cumplir su Período Asistencial Obligatorio (PAO) en recintos del Servicio de Salud Arauco como retribución al financiamiento estatal de su formación.
Según el documento de 88 páginas —al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, ambos profesionales pasaron cerca del 90% del tiempo del PAO sin trabajar, amparados en permisos médicos durante los seis años que debían devolver al Estado.
Ante estos antecedentes, el órgano encabezado por Dorothy Pérez remitió los hechos al Ministerio Público para indagar eventuales delitos, considerando las altas remuneraciones percibidas y que, en uno de los casos, gran parte de las licencias fue emitida por el propio cónyuge del médico.
El nombre de ambos involucrados se mantiene en reserva por parte de la Contraloría.
Con la licencia del cónyuge
El primer caso corresponde a un médico que inició su PAO el 1 de junio de 2018 en el Hospital Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, con 44 horas semanales. Diez días después ya se encontraba con licencia.
De acuerdo con la CGR, durante los seis años de obligación estuvo con licencia el 95% del tiempo: solo trabajó efectivamente 108 de los 2.192 días del periodo.
El informe añade que el 52% de sus licencias fue extendido por su cónyuge.
Además, mientras estaba con reposo, realizó doce viajes al exterior y desarrolló labores profesionales en el sector público y privado. Entre ellas figuran prestaciones en el Instituto Traumatológico de Santiago en 2021-2022, y un contrato a contrata en esa misma institución entre mayo y junio de 2024.
En total, recibió más de $415 millones en remuneraciones entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2024.
Viajero
El segundo caso replica el anterior. Se trata de un médico de la Universidad Diego Portales, también becado en Anestesiología, que comenzó su PAO el 1 de abril de 2018 en el Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete, con jornada de 44 horas. Ocho días después ya estaba con licencia.
Contraloría determinó que estuvo con licencias el 94% del periodo de seis años, prestando servicios efectivos solo 133 de los 2.192 días, mientras seguía recibiendo sueldo.
Durante el “reposo”, realizó seis viajes internacionales y ejerció actividades profesionales tanto públicas como privadas. Entre abril de 2018 y marzo de 2024 percibió más de $314 millones por remuneraciones. Además, facturó horas de anestesia al Hospital de Copiapó y al Instituto Traumatológico de Santiago en 2020-2021 —por más de $14 millones en total—, coincidiendo con periodos en que estaba con licencia en Cañete.
“Se constató que, de las 73 licencias médicas presentadas por el facultativo en el periodo asistencial obligatorio, al término de la fiscalización en terreno, esto es, al 24 de abril de 2026, existían 38 de ellas en estado pendiente mientras que 32 se encontraban en estado de rechazada, sin que, respecto de éstas últimas se verifiquen acciones de cobro iniciadas por el SSA tendientes a recuperar tales valores en favor de la entidad”, señala el informe.
Destitución y derivación a la justicia
El Servicio de Salud Arauco —del cual dependen ambos hospitales— informó a Contraloría que, mediante resoluciones de 2026, destituyó a los dos profesionales.
Asimismo, instruyó iniciar acciones administrativas y judiciales en ambos casos para determinar los perjuicios y recuperar los recursos comprometidos.
En paralelo, la CGR anunció el envío de los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), encargada de fiscalizar el sistema de licencias médicas, y a la Fiscalía Local de Lebu, para que actúen dentro de sus atribuciones.
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El trasfondo: las becas y el PAO
El sistema estatal de becas de especialización exige a los médicos beneficiados cumplir un Período Asistencial Obligatorio —de varios años— en la red pública, como devolución de la inversión realizada en su formación.
El uso reiterado de licencias para eludir el PAO, mientras se siguen recibiendo sueldos y se realizan actividades paralelas, es una alerta sostenida por la Contraloría en el sistema de salud. El informe advierte que estos dos expedientes reflejan un problema estructural en el Servicio de Salud Arauco.
La CGR detectó más de $969 millones no recuperados por garantías de otros becados que tampoco cumplieron su PAO, y otros $1.076 millones asociados a profesionales expulsados de programas por motivos académicos o de aptitud.
Sumando los $729 millones vinculados a los dos anestesistas, el monto comprometido para el Servicio supera los $2.700 millones.
En este escenario se concretó la destitución de ambos médicos y la apertura de acciones que quedarán en manos de la justicia y del ente previsional fiscalizador.
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Consultado el Servicio de Salud Arauco, recalcan que la desvinculación no exime de responsabilidades a los médicos y que podrían quedar inhabilitados de por vida para ejercer en el sistema público. Además, sostienen, deberán restituir los recursos que el Estado destinó a su formación.
“Tomamos todas las medidas necesarias y estamos seguros que esto no volverá a ocurrir”, enfatizan.
