DataInfluye: 59% opta por ajustar leyes o conservar la Constitución frente al plan de seguridad de Kast

Un 42% de los consultados estima que las medidas de seguridad anunciadas por el presidente José Antonio Kast no apuntan a los problemas centrales del país. Otro 17% las ve bien encaminadas, aunque insuficientes. Así lo muestra la encuesta DataInfluye de agosto, que además refleja un mayor apoyo a perfeccionar la legislación antes que impulsar cambios constitucionales en esta materia.

El sondeo se levantó entre el 20 y el 25 de agosto, en plena discusión de la reforma constitucional de seguridad impulsada por La Moneda.

Según los resultados, 42% cree que los anuncios de Kast “no abordan los principales problemas de seguridad” y 17% opina que “van en la dirección correcta, pero son insuficientes”.

A la vez, un 16% percibe un exceso de foco en control y castigo, y un 15% las considera apropiadas para enfrentar la inseguridad. Un 11% no tiene una postura definida.

DataInfluye: primero perfeccionar leyes, luego pensar en la Constitución

La encuesta indagó también en los cambios constitucionales propuestos en seguridad. La opción con mayor adhesión (33%) plantea que es mejor mejorar las leyes antes que reformar la Constitución.

Un 26% rechaza efectuar modificaciones constitucionales en este ámbito. En cambio, un 20% cree que sí son necesarias para enfrentar nuevas amenazas y un 11% estima que solo deberían avanzarse si la legislación vigente queda corta.

Los datos se difundieron en medio de las críticas a la propuesta del Ejecutivo. El proyecto incluye un nuevo estado de excepción por hasta 240 días y atribuciones que permitirían restringir la libertad de movimiento y reunión, intervenir comunicaciones y ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad.

DataInfluye: prioridad en endurecer penas

Al preguntar dónde debe concentrarse el esfuerzo para mejorar la seguridad, un 27% elige “endurecer penas y aumentar el control” como principal prioridad.

Luego aparecen prevenir la entrada de niños y jóvenes a la delincuencia (22%) y robustecer policías e inteligencia (21%). Más atrás figuran el control de fronteras y crimen organizado (13%), la rehabilitación y reinserción (9%) y la prevención barrial (6%).

Sobre el combate al crimen organizado, un 39% pide equilibrio entre mayores facultades y resguardo de garantías individuales. Un 37% prioriza otorgar todas las herramientas necesarias, aun si implica restringir algunas garantías, y un 17% prefiere mantener las garantías aunque limite atribuciones estatales.

Consultados por lo que falta en la estrategia gubernamental, un 35% pide “medidas más duras contra el crimen organizado”, un 20% exige mejor coordinación interinstitucional y un 18% mayor prevención social para niños y jóvenes. Un 12% demanda más presencia policial.

Balance negativo para Kast y su administración

Estos resultados conviven con una evaluación desfavorable del Ejecutivo. Un 61% desaprueba la gestión de José Antonio Kast y un 36% la respalda; 2% no se inclina por ninguna opción.

En la valoración del Gobierno, 62% desaprueba y 33% aprueba, mientras 5% no toma posición.

La delincuencia y la violencia criminal figuran entre los factores que podrían erosionar políticamente al Ejecutivo, aunque la principal inquietud mencionada es la inflación y el alza del costo de vida, con 39%.

En cuanto a la percepción de avances, estancamientos o retrocesos en compromisos del Gobierno, un 41% cree que ha habido progresos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; un 32% ve la situación igual y un 26% percibe retroceso.

Salidas de autoridades y sensación de improvisación

La encuesta también revisa la configuración de los equipos de Gobierno. Tras la salida de tres ministros, seis subsecretarios y más de 30 seremis en los primeros cinco meses, un 45% interpreta estos cambios como señales de improvisación en los nombramientos.

Para un 25% reflejan dificultades para armar equipos, mientras que un 15% los ve como ajustes normales de una administración entrante.

Sobre las causas de esas salidas, un 38% las atribuye a problemas de conducción y coordinación, un 33% a fallas en la selección de autoridades y un 12% a que el presidente exige resultados y reemplaza a quienes no cumplen.

Revisa la encuesta completa a continuación: