Senado pausa la reforma de seguridad de Kast y abre diálogo para redefinir su contenido

La reforma constitucional en materia de seguridad promovida por el Gobierno de José Antonio Kast no ingresará, por ahora, a la agenda formal de la Comisión de Constitución del Senado.

El presidente de dicha comisión, el senador PPD Pedro Araya, informó al Ejecutivo que no convocará sesiones para tratar el proyecto en el corto plazo, por lo que su análisis podría aplazarse hasta fines de septiembre o incluso la primera semana de octubre.

La definición surgió en una reunión entre Araya y el biministro del Interior y Seguridad y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado. Con ello, la comisión concentrará las dos primeras semanas legislativas de septiembre en la votación en particular de los cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Luego vendrán la semana distrital y las Fiestas Patrias, lo que reduce aún más la ventana para un debate formal de la reforma durante septiembre.

Pese a este panorama, el Ejecutivo habría resuelto no retirar la iniciativa. La opción en evaluación es usar el proyecto como base para un trabajo prelegislativo con los integrantes de la Comisión de Constitución, sus equipos técnicos y representantes del Gobierno.

El objetivo es precisar qué materias tienen cabida a nivel constitucional y avanzar hacia un texto con mayor respaldo antes de que llegue a votación.

Araya propone trabajo prelegislativo por reforma de seguridad

El presidente de la comisión sugirió al Gobierno retirar la propuesta y abrir una negociación con la oposición, aunque dijo estar disponible para impulsar un trabajo técnico previo desde la instancia que encabeza.

“El llamado al gobierno es a retirar este proyecto y sentarse a la mesa con la oposición, generar un texto. Estamos disponibles a que la Comisión de Constitución pueda realizar un trabajo prelegislativo a fin de abordar cuáles son los bordes que puede tener una reforma constitucional en materia de seguridad pública”, sostuvo Araya.

Ese trabajo permitiría delimitar qué aspectos del texto efectivamente corresponden a una reforma constitucional.

Por ahora, asoman dos ejes con más opciones de subsistir en el texto: consagrar en la Constitución el deber del Estado de garantizar la seguridad pública y cambios al sistema penitenciario.

No obstante, incluso la primera definición requeriría una revisión técnica sobre su ubicación y redacción dentro de la Carta Fundamental.

El resto de los contenidos podría quedar descartado, aunque la decisión dependerá del trabajo entre el Ejecutivo y los senadores antes de retomar la tramitación formal en la comisión.

Kast defiende reforma, pero admite necesidad de acuerdos

La pausa en la discusión coincide con recientes señalamientos del presidente José Antonio Kast, quien justificó abordar la seguridad desde la Constitución, pero admitió que se requiere consenso sobre los contenidos.

“Nos tenemos que poner de acuerdo en qué legislación queremos, pero el objetivo es uno: recuperar la seguridad para nuestra patria”, afirmó el Mandatario.

En este contexto, el proyecto toma un rumbo distinto al previsto inicialmente por La Moneda, con una etapa previa de negociación y revisión técnica antes de cualquier votación en el Senado.

Kaiser pone condiciones al apoyo del PNL a la reforma de seguridad

A lo anterior se agregan las exigencias del Partido Nacional Libertario (PNL), que plantea introducir cambios de fondo.

Su líder, Johannes Kaiser, propuso cuatro puntos: establecer de forma explícita la supremacía constitucional por sobre tratados, fallos o resoluciones de organismos externos; incluir al fiscal nacional y a los fiscales regionales entre las autoridades sujetas a acusación constitucional; elevar a rango constitucional restricciones para migrantes en situación irregular respecto de ciertos derechos y beneficios con financiamiento estatal; y restituir los quórums para reformas constitucionales y leyes interpretativas, así como para aprobar, modificar o derogar leyes orgánicas constitucionales.

Kaiser también condicionó su respaldo a la dictación de indultos generales para funcionarios desplegados durante el estallido social.

Al detallar una de sus propuestas, indicó que buscan precisar ante los tribunales a qué derechos pueden acceder quienes estén en situación migratoria irregular y cuáles no, además de sumar al fiscal nacional y a los fiscales regionales entre las autoridades acusables constitucionalmente.

Las condiciones del PNL incrementan la presión sobre el contenido del proyecto, que ya requiere ajustes antes de avanzar en el Congreso.

PS acusa que reforma abre un nuevo proceso constituyente

Desde la oposición cuestionaron que el debate se extienda a materias que, según su visión, no guardan relación directa con la persecución del crimen organizado.

El jefe de bancada del Partido Socialista en la Cámara, Raúl Leiva, afirmó que la propuesta del PNL empuja un tercer proceso constituyente de facto, en el que cada partido intenta incorporar sus propias definiciones a la Carta Magna.

“El Partido Nacional Libertario insiste en modificar la base dogmática de la Constitución. Ha sido una reforma inadecuada que debe ser rechazada para no abrir un nuevo proceso constituyente e incorporar normas que nada dicen relación con la persecución del crimen organizado”, señaló.

En paralelo a la decisión del Ejecutivo de mantener el proyecto, la Comisión de Constitución del Senado optó por aplazar su tratamiento formal y habilitar un espacio de trabajo prelegislativo.

El contenido definitivo de la reforma queda así en compás de espera y podría sufrir cambios relevantes antes de ser sometido a la votación en la Cámara Alta.