Fiu fue el rostro sonriente de Santiago 2023. Pero tras la mascota, las medallas y la fiesta deportiva, quedó una Corporación bajo la lupa: miles de millones de pesos objetados, deterioro patrimonial, pagos sin sustento, conflictos laborales, estatutos mal inscritos y decisiones financieras que hoy están en manos del Ministerio Público.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío accedió en exclusiva a la denuncia que el ministro del Deporte, Francisco Riveros Cantuarias, ingresó el 24 de agosto de 2026 ante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.
El escrito, ya tema obligado en pasillos persecutores, fue presentado contra quienes resulten responsables y pide abrir una indagatoria por hechos que —según se señala literalmente— “podrían revestir el carácter de delito”.
De momento no se tipifica un ilícito ni se fijan responsables penales; será labor de la Fiscalía. Aun así, el cuadro descrito por el propio ministro es demoledor: recursos fiscales con rendiciones insatisfactorias, reintegros exigidos por el IND, pagos millonarios en exceso, viáticos a personas que no asistieron, alertas laborales desoídas y un proceso de liquidación cuestionado por su falta de imparcialidad.
El documento recalca que la Corporación administró fondos públicos, por lo que podrían corresponder “tipos penales que sancionan atentados contra el patrimonio público”.
La resaca de Santiago 2023 dejó a Fiu, esta vez, en el banquillo de los cuestionados.
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Los $23.727 millones que el IND pidió restituir
La Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 nació en diciembre de 2018 por iniciativa del IND y el COCh. Aunque privada y sin fines de lucro, su financiamiento fue mayoritariamente estatal: entre 2019 y 2025 recibió $320.439 millones vía 11 convenios de transferencia, dentro de un presupuesto público originalmente calculado en US$507 millones.
La denuncia recalca que esos recursos estaban “sujetos a rendición de cuentas ante un organismo público” y a control de la Contraloría General de la República.
De los $320.439 millones transferidos, se habrían rendido $295.846 millones. El IND observó $23.727 millones, sobre todo en convenios de 2023 y 2024.
No quedaron a la espera de revisión.
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A través de oficios emitidos entre junio y julio de 2026, la dirección subrogante del IND rechazó formalmente esas partidas y exigió el reintegro total de $23.727 millones.
Entre las observaciones figuran cerca de $1.100 millones pagados por cotizaciones vía PreviRed a trabajadores cuyas contrataciones fueron objetadas, y aproximadamente $790 millones vinculados a una compra masiva de dólares.
La magnitud del problema era reconocida internamente.
En acta del directorio extraordinario del 30 de julio de 2025, citada por la denuncia, el agente administrador, Carlos Felipe Toro Pinochet, admitió que cerca de $20 mil millones “podrían tener un problema de reintegro”.
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Peor aún, agregó que “no hay recursos de personas y de tiempo para aclarar esas observaciones”.
Para el ministerio, aquello es “un reconocimiento expreso” de que existían fondos públicos sin rendición satisfactoria y que no podrían ser aclarados antes del cierre de la entidad.
En síntesis, quienes debían justificar miles de millones aceptaban que no tenían ni personal ni tiempo para hacerlo.
El liquidador llamado a mirar a su propio socio
El cierre también quedó bajo sombra. Carlos Felipe Toro fue contratado el 23 de junio de 2023 como gerente de Administración y Finanzas. Al asumir, mantenía —mediante sociedades relacionadas— un vínculo societario con Juan Enrique Montes Molina, entonces director de Administración y Finanzas de la Corporación.
Ambos se relacionaban con Montes Toro Consultoría SpA, creada cuatro meses antes de la llegada de Toro. Pese a ello, en diciembre de 2024 fue nombrado agente administrador, quedando a cargo del cierre y liquidación de Santiago 2023.
El conflicto era evidente: debía evaluar y, si correspondía, perseguir responsabilidades patrimoniales de antiguos administradores, entre ellos su socio comercial.
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La denuncia plantea que esa relación podría vulnerar la debida imparcialidad, pues en una sola persona “podrían confluir los intereses de la Corporación con los personales de quien la administra”.
No es una imputación penal, pero sí una señal de alerta: quien debía revisar, cerrar y eventualmente exigir responsabilidades mantenía negocios con un exresponsable del área financiera.
La compra de dólares que arrojó $790 millones en pérdidas
Poco antes del inicio de los Juegos, en octubre de 2023, la Corporación efectuó una compra masiva de divisas.
Según el escrito, esa operación “generó una pérdida para la Corporación de $790.000.000”, monto luego incorporado entre las partidas observadas por el IND.
El documento no precisa quién instruyó ni autorizó la compra, qué banco intervino ni por qué se tomó esa decisión entonces; eso quedará en manos de la Fiscalía.
Lo asentado por ahora: una determinación financiera con recursos de la Corporación habría provocado “una pérdida cercana a los $800 millones”.
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US$5,629 millones pagados de más
El capítulo de FAST Engenharia e Montagens S.A. es aún más severo. La denuncia sostiene que la Corporación pagó en exceso US$5,629 millones.
Se desglosan US$1,089 millones por aplicar erróneamente IVA de 19% cuando correspondía 15%, y otros US$4,540 millones también desembolsados por sobre lo debido.
No es un ajuste menor: la autoridad expone ante la Fiscalía que más de US$5,6 millones salieron indebidamente desde cuentas de la Corporación.
Tras un intento fallido de restitución, se ejecutaron boletas de garantía por US$4,048 millones.
Pese a ello, los fondos siguen retenidos por un arbitraje pendiente.
Resultado: una disputa multimillonaria donde se reclaman pagos en exceso cuya recuperación permanece en sede arbitral.
Viáticos sin respaldo y pagos a ausentes
Las deficiencias de respaldo alcanzaron también los viáticos de oficiales y árbitros. En acta extraordinaria del 23 de junio de 2025, la secretaría ejecutiva informó que se pagaron per diems “por adelantado y sin respaldo documental”.
Más aún: esos pagos se entregaron “incluso a personal que no asistió a los Juegos”. Es decir, hubo anticipos sin soporte suficiente a personas que finalmente no participaron.
El IND observó esas partidas al revisar las rendiciones.
La denuncia no detalla cuántos beneficiarios ni los montos específicos; eso deberá aclararlo la investigación.
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“Están conscientes del riesgo”
Las decisiones de dotación anticipaban los conflictos futuros.
En enero de 2023, la directora ejecutiva presentó un plan para contratar 1.804 personas a honorarios y solo 48 a plazo fijo. El costo anual estimado, sin IPC, ascendía a $25.880 millones.
De acuerdo con el acta citada, la administración reconoció: “Están conscientes del riesgo que involucra contratar a tantas personas bajo la modalidad de honorarios, lo que, en un futuro, podría tener consecuencias judiciales para la Corporación”.
Pese a la alerta, se avanzó. Un informe en derecho de Guerrero Olivos (agosto de 2023) concluyó que la Ley de Presupuestos no imponía tope al número ni al presupuesto de contrataciones bajo Código del Trabajo.
La denuncia afirma que, “atendidos los riesgos ya advertidos”, no era justificable mantener honorarios con posibles rasgos de subordinación y dependencia si existía alternativa de contratos laborales.
Las consecuencias llegaron: entre agosto de 2023 y junio de 2026 se registran 236 demandas laborales por $6.345 millones; ya se habrían pagado cerca de $1.614 millones y quedan 20 causas por otros $1.887 millones.
No fue un imprevisto: el directorio había sido advertido.
Estatutos no inscritos y dos asambleas simultáneas
El escrito también revela un grave desorden jurídico.
De siete reformas estatutarias, solo dos se inscribieron correctamente en el Registro de Entidades sin Fines de Lucro: 14 de octubre de 2020 y 27 de junio de 2023.
Las cinco restantes no se inscribieron en plazo.
Entre ellas, una especialmente sensible: la que facultaba al directorio para donar bienes “sin necesidad de notario público”.
Y hay un hecho aún más difícil de conciliar: el 12 de junio de 2025 constan dos asambleas extraordinarias distintas —números 23 y 24— “el mismo día y a la misma hora”, con contenidos diferentes.
Mientras los antecedentes ubican las citas en oficinas del IND, la certificación notarial de la asamblea 23 señala que fue a las 17:00 horas en el domicilio del notario.
La denuncia concluye que ello “no resulta concordante” con la simultánea celebración de otra asamblea en dependencias del IND. En simple: dos reuniones distintas, a la misma hora, en lugares incompatibles.
Será la Fiscalía quien determine si fue un error documental, una anomalía administrativa o algo distinto.
Funcionarios del IND y contingencias tributarias
El ministro también incorporó pagos por alrededor de $70 millones a funcionarios del IND que habrían prestado servicios pese a las incompatibilidades del artículo 56 de la Ley de Bases de la Administración del Estado.
Se agregan contingencias tributarias por rechazo del SII al crédito de IVA en contratos de auspicio y pagos a proveedores con impuestos mal aplicados.
Parte de estos temas sigue en arbitraje ante el CAM Santiago.
Una Corporación sobrepasada
La denuncia no prueba delitos por sí misma ni asigna responsabilidades ni intenciones dolosas.
Pero la presunción de inocencia no minimiza la magnitud del cuadro.
El documento del ministro del Deporte retrata una Corporación sobrepasada: $23.727 millones cuyo reintegro fue requerido; pérdidas por decisiones financieras; millones de dólares pagados en exceso; viáticos sin respaldo; pagos a no asistentes; juicios laborales anunciados con anticipación; reformas no inscritas y dos asambleas que, en papel, se celebraron al mismo tiempo en lugares distintos.
No es un desliz aislado ni un formulario mal llenado. Es una cadena de fallas que cruza finanzas, contrataciones, gobierno corporativo, rendiciones, tributos, estatutos y hasta la liquidación de Santiago 2023.
Mientras Fiu se alzaba como emblema de los Juegos, la institución que administró recursos públicos acumulaba problemas que hoy reposan en la Fiscalía Metropolitana Occidente.
