La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió al debate sobre la reforma constitucional impulsada por el Gobierno para enfrentar al crimen organizado y afirmó que uno de sus ejes centrales, la creación de un nuevo Estado de Excepción, no tendría el apoyo necesario para avanzar en el Congreso.
En Mesa Central de Canal 13, la senadora por Antofagasta contó que los parlamentarios conocieron el primer borrador de la propuesta hace aproximadamente tres semanas y que, desde entonces, advirtieron obstáculos para que prosperara en su tramitación.
“Advertimos que el Estado de Excepción no iba a prosperar; carecía de viabilidad y realismo legislativo”, indicó Núñez, quien añadió que luego se reunieron con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, además de los generales de Justicia de las Fuerzas Armadas, con el fin de evaluar alternativas y abordar los problemas del proyecto.
Para la legisladora, ese punto se convirtió en uno de los principales escollos para impulsar la reforma. “Desde que lo conocimos supimos que no flotaba”, afirmó, agregando que esta semana el Senado intentará ordenar el debate político en torno a la iniciativa.
Núñez sostuvo que existe un respaldo transversal en la Cámara Alta respecto de la necesidad de contar con nuevas herramientas contra el crimen organizado. Sin embargo, subrayó que el Congreso debe optar por mecanismos que efectivamente puedan convertirse en ley.
“Somos responsables de identificar los caminos más realistas y luego hacernos cargo de las decisiones; no podemos votar cualquier cosa”, señaló.
La presidenta del Senado precisó que la discusión no se limita al eventual nuevo estado de excepción. La reforma, dijo, incluye cuatro pilares: incorporar en el artículo 1° de la Constitución que la seguridad pública es un deber del Estado; establecer un registro de personas vinculadas al crimen organizado; implementar un régimen penitenciario diferenciado y, por último, crear el nuevo Estado de Excepción.
Sobre el régimen penitenciario diferenciado, Núñez recordó que es una propuesta que ya había sido impulsada en la Cámara de Diputados y que suma respaldo de parlamentarios de distintos sectores políticos.
Núñez se refiere a investigaciones que alcanzan a senadores
Durante la entrevista, la senadora también fue consultada por las causas judiciales que involucran a integrantes de la Cámara Alta.
El 20 de agosto, la Policía de Investigaciones llevó a cabo diligencias y allanamientos en las oficinas de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Indep.), en el marco de una indagatoria por presuntas coimas vinculadas a procesos de licitación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
A ellos se suman otros parlamentarios mencionados o vinculados en distintas investigaciones penales: Camila Flores, Alejandro Kusanovic, Loreto Carvajal, Matías Walker y Karol Cariola.
Frente a este panorama, Núñez descartó que el Senado deba asumir una defensa corporativa de sus miembros y recalcó que la prioridad debe ser resguardar las instituciones.
“Más que preocuparse, hay que actuar defendiendo la institucionalidad, sin ninguna defensa corporativa. El país no está para eso”, afirmó.
En esa línea, anticipó que la Comisión de Ética del Senado anunciará pronto nuevas sanciones y medidas. Además, destacó el trabajo realizado junto al Consejo para la Transparencia para elevar los estándares de transparencia en la Cámara Alta.
La senadora añadió que, si la justicia determina que corresponde investigar a algún integrante del Senado, el procedimiento debe aplicarse sin excepciones. “Si el Poder Judicial considera que hay senadores que se deben investigar, lógicamente somos todos iguales ante la ley y así debe hacerse”, manifestó.
Un Senado con menos miembros si se dictan desafueros
Otro tema abordado fue qué ocurriría con la composición de la Cámara Alta si alguno de los parlamentarios investigados resulta desaforado.
Núñez admitió que un escenario de ese tipo podría generar problemas, ya que hoy no existe un mecanismo de reemplazo inmediato para un senador desaforado. “Un senador desaforado es un senador menos en el Senado, y el reemplazo no opera hasta que exista condena”, explicó.
Por esa razón, planteó que la Cámara Alta podría eventualmente pasar de sus actuales 50 integrantes a 49 o incluso 48, según cuántos parlamentarios quedaran en esa condición.
La senadora advirtió que una reducción en el número de integrantes podría incidir en las mayorías necesarias para aprobar ciertas iniciativas y en los quórums exigidos para legislar.
Finalmente, Núñez llamó al sistema judicial a que las investigaciones que involucren a parlamentarios avancen con rapidez y concluyan prontamente, ya sea con condena o con absolución.
“Mi único llamado a la justicia es que, si se va a investigar, ojalá se resuelva —sea condena o absolución— lo antes posible”, concluyó.
