El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York manifestó su inquietud por los procesos de remoción abiertos contra 56 jueces en Chile por viajes al exterior durante licencias médicas, y advirtió que reabrir hechos ya indagados podría afectar el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial.
El pronunciamiento se da a pocas horas de que la Corte Suprema comience a revisar los denominados cuadernos de remoción, luego de que en junio resolviera iniciar procedimientos contra los magistrados. El máximo tribunal programó para este miércoles el análisis de los 56 expedientes, en una sesión que se realizará de forma reservada.
El caso se originó en un informe de Contraloría que detectó que funcionarios públicos de diversas reparticiones del Estado viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2022 y 2024.
Con esos antecedentes, la Corte Suprema dispuso examinar los casos que involucraran a jueces cuyos desplazamientos se hubieran efectuado dentro de los cinco años previos.
Aquellos procedimientos arrojaron resultados disímiles. En ciertos expedientes se declaró prescrita la responsabilidad disciplinaria; en otros, los jueces fueron exonerados o los procesos se sobreseyeron. También hubo magistrados sancionados, con medidas que quedaron firmes y fueron cumplidas.
Precisamente, el Colegio de Abogados neoyorquino objeta que, pese a esos desenlaces, la Corte Suprema haya abierto después procesos destinados a evaluar la eventual remoción de los jueces involucrados.
“Los recientes procesos de remoción se apoyan en los mismos hechos que ya fueron analizados en los procedimientos disciplinarios regulados por el Acta N.º 108-2020, los cuales habían concluido”, sostiene la declaración.
A juicio de la organización, ello plantea dudas respecto del principio de ne bis in idem, que prohíbe someter a una persona a procedimientos o sanciones repetidos por los mismos hechos una vez que exista una decisión definitiva.
También advierte sobre las consecuencias que podría acarrear para quienes impugnaron las sanciones disciplinarias recibidas. Según señala, algunos jueces que apelaron ante la propia Corte Suprema luego enfrentaron la apertura de procesos de remoción basados en los mismos antecedentes.
“El uso de mecanismos de revisión judicial, incluidas las apelaciones, no debería exponer a los jueces a consecuencias adicionales o más gravosas fundadas en los mismos hechos”, afirma el Colegio.
Estos reparos se suman a las acciones ingresadas ante el Tribunal Constitucional por magistrados involucrados. Según informó BioBioChile, al menos siete jueces acudieron al TC antes de la revisión de los 56 cuadernos, cuestionando las normas invocadas por la Corte Suprema para sustentar dichos procedimientos.
Abogados de Nueva York objetan la reapertura de casos ya concluidos
El panorama ha despertado inquietud fuera del país. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ya había expresado alarma por la posible remoción de jueces mediante procedimientos que, advirtió, no ofrecerían garantías suficientes de debido proceso.
En esa línea, el Colegio de Abogados de Nueva York recoge el llamado de Naciones Unidas a que Chile busque vías para reforzar la confianza pública en el Poder Judicial sin acudir a medidas disciplinarias retroactivas o de carácter general.
La entidad estadounidense precisa que su inquietud no busca poner en tela de juicio la exigencia de integridad de quienes ejercen funciones judiciales, sino la manera en que se conducen los procedimientos.
“La duda es si la defensa de la integridad judicial puede amparar el desconocimiento de garantías esenciales del Estado de derecho, reconocidas como resguardos de la independencia judicial”, señala.
Por ello, el Colegio de Abogados instó a las autoridades chilenas a asegurar que los procedimientos disciplinarios y de remoción respeten el debido proceso y la firmeza de las decisiones adoptadas conforme a las reglas vigentes.
También solicitó que la prescripción, las absoluciones, los sobreseimientos y las sanciones ya cumplidas produzcan efectos jurídicos efectivos y otorguen certeza a los jueces sometidos a disciplina.
Finalmente, pidió resguardar la independencia interna de los tribunales y requirió a organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Naciones Unidas, mantener el monitoreo de la situación en Chile.
El pronunciamiento llega en la antesala de la revisión de los 56 cuadernos por parte de la Corte Suprema, instancia que deberá definir el futuro de los magistrados involucrados y que, al mismo tiempo, vuelve a situar en el centro del debate el alcance de las potestades disciplinarias y de remoción del máximo tribunal.
