Sin discutirlo: diputados oficialistas frenan proyecto que impedía embargar sueldos a deudores del CAE

Diputados oficialistas de la Comisión de Educación de la Cámara frenaron el avance del proyecto “Sueldos Protegidos”, una iniciativa que buscaba impedir que las remuneraciones perdieran su carácter de inembargables una vez depositadas en una cuenta bancaria, especialmente frente a cobranzas por deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Por ocho votos contra cinco, la instancia declaró inadmisible la moción luego de que la diputada Paz Charpentier (Republicanos) dijera que podía “afectar las finanzas públicas” y, por lo tanto, abordar una materia reservada exclusivamente al Presidente de la República.

Desde la oposición acusaron que el oficialismo utilizó su mayoría para cerrar la discusión antes de entrar al fondo del proyecto: si corresponde que los sueldos puedan terminar embargados para cobrar una deuda adquirida por estudiar.

La iniciativa había sido presentada luego de que se conocieran denuncias de deudores del CAE cuyas cuentas bancarias fueron embargadas por la Tesorería General de la República (TGR).

¿Qué buscaba el proyecto “Sueldos Protegidos”?

El proyecto fue impulsado por un grupo de parlamentarios de oposición, entre ellos Daniela Serrano, Nathalie Castillo, Luis Cuello, Marcos Barraza y Boris Barrera, del PC; Emilia Schneider (FA); Ana María Gazmuri (AH); Juan Santana (PS); Paula Olmos (PDG) y Patricio Pinilla (DC).

Su objetivo era modificar el artículo 57 del Código del Trabajo, que establece como regla general la inembargabilidad de las remuneraciones y permite embargar solamente la parte que exceda las 56 UF.

El problema, según los autores de la iniciativa, aparece cuando el sueldo llega a una cuenta bancaria. En ese momento, los fondos pueden ser tratados como un saldo disponible y quedar expuestos a medidas de cobranza, pese a que originalmente correspondían a una remuneración protegida por la ley.

La propuesta buscaba cerrar ese espacio y establecer que el sueldo mantuviera su protección incluso después de ser depositado o transferido a una cuenta bancaria, vista o de ahorro.

El argumento que frenó la iniciativa

Aunque la Sala de la Cámara había declarado admisible el proyecto, la discusión se abrió nuevamente en la Comisión de Educación.

Charpentier planteó que la moción podía infringir el artículo 65 de la Constitución, debido a que tendría efectos sobre la administración financiera del Estado y provocaría una menor recaudación fiscal. Esas materias, argumentó, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Tras su requerimiento, la comisión sometió la admisibilidad a votación.

La decisión de frenar el proyecto fue respaldada por Sergio Bobadilla (UDI), Ricardo Neumann (UDI), Paz Charpentier (REP), Diego Vergara (REP), Valentina Becerra (REP), Luis Pardo (RN), Sara Concha (PSC) y Germán Verdugo (PNL).

Acusan un “veto político”

La diputada Daniela Serrano (PC), autora del proyecto y jefa de bancada de su partido, acusó a la derecha de aprovechar su mayoría en la comisión para evitar una discusión de fondo. Según afirmó, la iniciativa llevaba dos meses en el Congreso sin ser puesta en tabla y, cuando finalmente comenzó su revisión, fue declarada inadmisible.

“Abusan de su mayoría circunstancial. Vetan políticamente un proyecto para no dar la discusión. Esto es un precedente grave”, sostuvo.

Serrano aseguró que la propuesta buscaba impedir que la Tesorería realizara una “interpretación mañosa” y embargara fondos que originalmente corresponden al sueldo de una persona. A juicio de la parlamentaria, la TGR no debería poder argumentar que desconocía el origen laboral del dinero para vaciar o retener los fondos depositados.

La diputada Emilia Schneider (FA), quien también respaldó la iniciativa, calificó como “gravísimo” lo ocurrido en la comisión y acusó al oficialismo de negarse incluso a debatir una protección para los deudores del CAE.

“El oficialismo ni siquiera está disponible a discutir un proyecto para darle un alivio a las y los deudores del CAE que han sufrido estos cobros abusivos”, cuestionó.

La diputada Paula Olmos (PDG), también firmante de la iniciativa, recordó que el proyecto nació como respuesta a los embargos realizados por la Tesorería. Además, lamentó que la Comisión de Educación impidiera que la propuesta siguiera avanzando, pero adelantó que sus impulsores buscarán otros caminos para insistir en la protección de las remuneraciones.

“Seguiremos buscando instancias que nos permitan proteger las remuneraciones de las y los trabajadores para que no queden desprotegidos. Por la dignidad de las personas y sus familias”, cerró.