En un día de gran expectativa y marcada reserva, la Corte Suprema dio inicio al examen de los cuadernos de remoción relativos a jueces que, pese a estar con licencia médica, realizaron viajes al exterior.
Cada expediente se revisará por separado y, una vez concluida la vista de todos los programados, los ministros votarán cada caso. No habrá términos medios: permanecen en el cargo o son destituidos.
El Pleno de la Corte Suprema inició una revisión exhaustiva de los cuadernos de remoción abiertos contra integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, en una jornada inédita por el volumen de procedimientos que el máximo tribunal abordará de forma sucesiva.
En total, se abrieron 58 cuadernos de remoción. No obstante, 6 de esos procesos están actualmente suspendidos luego de que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera las solicitudes respectivas.
Entre ellos figuran los de Jorge Saavedra, juez del Tribunal de Familia de Antofagasta; Katrina Chahín, del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago; Macarena Bobadilla, del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco; Juan Manuel Gatica, del Juzgado de Garantía de Pichilemu; Erna Fuentes, de la Secretaría del Poder Judicial; y Eduardo Fritz, exjuez de Garantía del Maule.
La representación de estos magistrados quedó en manos de tres abogados. Carlos Quezada patrocina a Jorge Saavedra; Carlos Pereira, a Katrina Chahín; y Ciro Colombara asume la defensa de los otros cuatro: Macarena Bobadilla, Juan Manuel Gatica, Erna Fuentes y Eduardo Fritz.
El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, señaló que la paralización de esos expedientes fue notificada por el Tribunal Constitucional y que, por ahora, el Pleno seguirá con el análisis de los cuadernos restantes.
Las audiencias arrancaron a las 10:30 horas y quedaron agendadas hasta el viernes, aunque la Corte podría extender el trabajo a la próxima semana si se requiere para completar las vistas.
En estas sesiones, los jueces y sus defensores pueden presentar alegatos y ejercer su derecho a defensa. Son procedimientos reservados, pues los antecedentes abarcan cuestiones de conducta funcionaria y aspectos personales de los magistrados.
Asimismo, la Corte Suprema resolvió que los casos se examinen de manera individual y que, una vez concluidas todas las vistas programadas, los ministros emitan su voto en cada uno.
Justamente, uno de los ejes de las defensas es la existencia, en algunos expedientes, de investigaciones administrativas previas que terminaron con absoluciones o sobreseimientos.
El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de uno de los ministros sometidos al procedimiento, el magistrado de la Corte de Arica, José Delgado, afirmó que en su caso hubo incluso una absolución que luego fue confirmada por unanimidad por el propio Pleno de la
Corte Suprema.
En la misma línea se manifestó el abogado Jonathan Valenzuela, defensor de otro de los magistrados.
El jurista admitió que hay situaciones en las que previamente se realizaron sumarios administrativos sin sanciones y que, posteriormente, se abrió un cuaderno de remoción en virtud de la facultad que el artículo 80 de la Constitución otorga a
la Corte Suprema.
Desde la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, su presidente, Marcelo Acevedo, instó al máximo tribunal a ponderar los antecedentes particulares de cada juez y a evitar un criterio uniforme para todos los casos.
La entidad argumenta que hay hechos de diversa gravedad y que algunos magistrados poseen antecedentes administrativos favorables que deberían considerarse antes de resolver una eventual remoción.
Acevedo añadió que una destitución masiva, sin una adecuada valoración de cada expediente, podría dar pie a impugnaciones ante instancias internacionales e, incluso, comprometer la responsabilidad del Estado.
El trámite iniciado hoy se ampara en la facultad prevista en el artículo 80 de la Constitución, que autoriza a la Corte Suprema a declarar el mal comportamiento de los jueces y, en ciertos supuestos, ordenar su remoción.
Si bien se trata de una prerrogativa que el máximo tribunal ha ejercido antes, la magnitud del proceso actual se distingue por el número de magistrados involucrados.
En este escenario, el reto de la Corte Suprema en las próximas jornadas será revisar uno a uno los antecedentes, oír los planteamientos de las defensas y decidir luego si existen méritos para que cada magistrado continúe en el cargo o sea removido.
Los fallos no se informarán inmediatamente tras cada audiencia. Primero, el Pleno deberá concluir la vista de los casos fijados en la programación y, posteriormente, votar cada uno. En paralelo, los seis expedientes suspendidos seguirán a la espera de lo que determine el Tribunal Constitucional.
